La funcionaria que instruyó la «investigación paralela» sobre el ex de Mónica Oltra reconoce irregularidades

La sentencia de la Audiencia de Valencia que condenó al educador Luis Ramírez Icardi a cinco años de prisión por abusar de una joven tutelada de 15 años, entre 2016 y 2017, ya puso en entredicho la existencia de una «’instrucción’ paralela» de la que se extrajeron unos documentos que «podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat» en la gestión del suceso. Todo ello bajo la «consigna» de que se trataba «una niña problemática, mentirosa e incluso violenta».

Según ha podido saber ABC , la técnico jurídico de Igualdad que instruyó esta investigación aseguró haber recibido órdenes de sus superiores -la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, y la directora territorial en Valencia, Isabel Serra- para elaborar un expediente confidencial , en agosto de 2017, cuyas conclusiones calificó como inapropiadas.

En esa «Información Reservada 1/2017» se indicaba que la versión de la menor no tenía consistencia, cuando el informe del Instituto Espill -la entidad a la que se derivaban estos casos en ese momento- explicaba que el relato de la niña era «poco creíble» , a la espera de seguir realizando más valoraciones.

Además, esta trabajadora del departamento autonómico conocía la identidad del ahora condenado y su parentesco con la dirigente de Compromís. Pese a que se entrevistó tanto con la víctima y el agresor, como con la directora y la psicóloga del centro de menores en el que ocurrieron los hechos, la funcionaria no hizo ninguna averiguación para comprobar si la Fiscalía había iniciado actuaciones pues, según su versión, no entraba dentro de sus funciones.

Para entonces, hacía ya dos meses que la menor había pedido protección a dos agentes de la Policía Nacional -que trasladaron su relato al Ministerio Público- tras la pasividad que mostraron las responsables de la residencia, que no la creyeron cuando dio la primera señal de alarma en febrero.

De hecho, a principios de agosto el juez ya había dictado una orden de alejamiento preventiva que motivó el traslado de la chica a otro centro. Con los protocolos en vigor en ese momento, Icardi no podía ser apartado sin una sentencia condenatoria, aunque se le asignaron funciones administrativas fuera de su labor como educador.

El informe exculpatorio se envió a Fiscalía, según Igualdad, pero sin embargo, la fiscal aseguró durante el juicio que no tuvieron conocimiento del mismo hasta finales de 2019, cuando la vista oral ya se había celebrado, por lo que tuvo que repetirse parcialmente en marzo de 2020 a petición de la defensa del acusado.

Por su parte, la psicóloga de Espill responsable de analizar a la víctima señaló este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que recibía correos electrónicos de la Conselleria solicitando con urgencia sus valoraciones.

Pese a que estaba prevista la comparecencia de la psicóloga de la sección del menor de Igualdad durante la segunda de las tres jornadas de comparecencias vespertinas previstas, finalmente no se produjo.

El pasado martes fue el turno de la directora territorial de Igualdad en Valencia, Isabel Serra, que no supo explicar con claridad cual era la intención del polémico expediente ni cuando conoció que el agresor era el marido de la vicepresidenta autonómica, que no está investigada en esta causa .

Tampoco lo está la directora general de Infancia, Rosa Molero, a quién Serra señaló como la persona que ordenó abrir la investigación, aunque también incidió en que no sabía que existía un procedimiento penal en marcha y recaló en el error de haber denominado ese expediente como «Información reservada», cuando solo quería iniciar un procedimiento informativo.

En ese misma jornada, la directora y la psicóloga del centro de menores Niño Jesús de la ciudad apuntaron que no dieron credibilidad al testimonio de la menor por los episodios anteriores que había protagonizado y reconocieron que sabían del parentesco del denunciado con la vicepresidenta de la Generalitat, aunque aclararon que nadie les pidió que hicieran nada para favorecerlo .

La causa tiene su origen en sendas demandas que interpusieron tanto el abogado de la víctima, el líder de España 2000, José Luis Roberto, como la asociación Gobierna-Te, impulsada por la cofundadora de Vox, Cristina Seguí, tras las dudas que arrojó el fallo contra el agresor sobre la actuación de la Generalitat. Además, la formación de Santiago Abascal ejerce la acusación popular.

Por ello, Mónica Oltra incidió este martes en que es víctima de una «cacería de la extrema derecha» . Al respecto, lamentó que se esté «empastrando» y «haciendo pasar un mal rato» a «funcionarios y trabajadores públicos y de entidades sin ánimo de lucro que hacen su trabajo profesional» con el único propósito de «hacer guerra política». Además, se mostró convencida de que esa investigación basada en «mentiras» acabará desmontándose.

Los tres partidos en la oposición -PP, Ciudadanos y Vox- han exigido reiteradamente a Oltra que dimita, al tiempo que han pedido al presidente Ximo Puig que la cese de sus competencias en protección de menores.