Las Cortes aprueban la ley de la Agencia Antifraude pese a las reservas iniciales del PSPV

La norma salía adelante en un debate en el que el PSPV se mostraba más sosegado que en aquel que trató la ley de incompatibilidades y la de revocación de senadores pese a los recelos con este nuevo organismo que algunos diputados socialistas como Manolo Mata no se esfuerzan en ocultar.

Como publicó ABC, la Agencia estará finalmente adscrita a las Cortes y podrá multar con hasta 400.000 euros a los infractores según la gravedad de los hechos. Además, su director será elegido por mayoría de tres quintas partes del pleno para un mandato de siete años y sus miembros serán funcionarios de carrera.

Pero las negociaciones para sacar adelante el texto no han sido fáciles desde que Podemos lideró la propuesta en noviembre del año pasado. Tanto PSPV como Compromís presentaron en agosto una batería de enmiendas desmontando numerosos artículos de la ley tras las comparecencias en la comisión de Economía y Hacienda de expertos en Derecho. Finalmente hubo acuerdo y algunas de las peticiones de la formación fueron aprobadas pese a haber sido criticadas abiertamente por sus socios con anterioridad.

Una de ellas es la adscripción , sobre la que siempre existió controversia. Podemos defendió desde un primer momento que dependiera directamente de las Cortes para ganar independencia. El PSPV mostró sus reticencias y abogaba por que estuviera adscrita al Consell, mientras Compromís se decantaba claramente por que dependiera del departamento de Transparencia. Aunque esta opción parecía que iba a ser la más probable, la Agencia Antifraude estará finalmente adscrita al Parlamento autonómico.

Otro de los puntos que generaron más debate fue el de la potestad sancionadora . La intención de Podemos era que el organismo tuviera capacidad de multar o inhabilitar en el cargo a aquellos que cometieran infracciones como la falta de colaboración en la protección del denunciante de unos hechos que revistieran corrupción o fraude, la filtración de información en una investigación o los sobornos a empleados públicos.

Esa potestad, en opinión de algunos de los juristas que comparecieron en las Cortes, debía limitarse para que la Agencia únicamente pudiera instar al inicio de una investigación a la autoridad competente a través de una petición razonada y no vinculante. Es decir, pasar a ser un órgano consultivo o asesor.

Pero no será así. PSPV, Compromís y Podemos acordaron que la Oficina podrá sancionar con entre 200 y 400.000 euros a los infractores según la gravedad de los hechos: si son leves, la multa irá de 200 a 5.000 euros; si son graves, de los 5.001 hasta los 30.000; y, si son muy graves, de 30.001 hasta 400.000 euros.

En este sentido, considera que son irregularidades obstaculizar un procedimiento de investigación; incumplir las medidas de protección del denunciante; no comunicar los hechos que sean susceptibles de corrupción, fraude o ilegalidad; filtrar información y realizar una denuncia falsa.

El diputado del PP Luis Santamaría denunció que la ley otorga a los funcionarios «más atribuciones que a la Fiscalía, la magistratura, la Policía Nacional y la Guardia Civil » y aseguró que le recuerda «a la Gestapo», lo que generó duras críticas por parte de la socialista Ana Barceló.

Santamaría censuró igualmente que la norma establezca sanciones a conductas que no están tipificadas e instó a los grupos parlamentarios a diseñar una ley «que en el ámbito de su aplicación no se vaya a cuestionar», que es lo que, a su juicio, «va a pasar».

Ana Barceló replicó que la Agencia Antifraude permitirá reforzar la transparencia, corregir prácticas, investigar, controlar y evitar el fraude, pero sobre todo ayudará a «devolver el prestigio a la noble tarea de gestionar lo público».

En su respuesta al PP, la diputada de Podemos Fabiola Meco destacó que este partido «tiene en su mochila Brugal, Gürtel, Blasco, IVEX, Terra Mítica, Avialsa, Fitur, Canal 9, Valmor, Taula, Púnica y, para que no se ahoguen, ahora les llega el caso flotador». Por ello, les invitó «a reflexionar y a que la ética acompañe a la estética».

Santamaría, por su parte, se decantó por la puesta en escena para desplegar en la tribuna de oradores del hemiciclo un largo documento con fotos y titulares de prensa de cargos socialistas y de Podemos investigados. Entre ellos, los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE; o representantes de Podemos como Ramón Espinar, Rita Maestre, Javier Barbero o un senador por Lanzarote «condenado por tráfico de drogas».