La Agencia Antifraude estará finalmente adscrita a las Cortes y podrá multar con hasta 400.000 euros

Las negociaciones, sin embargo, parecen haber dado sus frutos y algunas de las peticiones de Podemos saldrán adelante pese a haber sido criticadas abiertamente por sus socios con anterioridad. Una de ellas es la adscripción, sobre la que siempre existió controversia. La formación morada defendió desde un primer momento que dependiera directamente de las Cortes para ganar independencia. El PSPV mostró sus reticencias y abogaba por que estuviera adscrita al Consell, mientras Compromís se decantaba claramente por que dependiera del departamento de Transparencia. Aunque esta opción parecía que iba a ser la más probable, la Agencia Antifraude estará finalmente adscrita al Parlamento autonómico .

La portavoz adjunta de la formación morada, Fabiola Meco, se felicitó ayer porque «los acuerdos alcanzados salvaguardan la dependencia de la Agencia de Las Cortes y no de Presidencia ni de ninguna Consellería», un hecho que consideraban una « línea roja asumida en su día en el Acuerdo del Botánico».

Aun así, fuentes socialistas desvinculan por completo esta decisión con una cesión ante Podemos , sino que se aseguran que se ha tomado por el hecho de que no es de aplicación el marco jurídico del Parlamento autonómico, sino el de la Generalitat. Es decir, la ley del sector público empresarial y la de procedimiento administrativo común.

En este sentido, la portavoz adjunta del PSPV en las Cortes, Ana Barceló, mostró su «satisfacción por la seguridad jurídica y las garantías legales» que su partido ha «conseguido introducir en la Agencia Antifraude» tras la aprobación en la comisión de Hacienda de 28 enmiendas del grupo socialista que «cambian sustancialmente el texto inicial presentado por Podemos» .

Otro de los puntos que generaron más debate fue el de la potestad sancionadora. La intención de Podemos era que el organismo tuviera capacidad de multar o inhabilitar en el cargo a aquellos que cometieran infracciones como la falta de colaboración en la protección del denunciante de unos hechos que revistieran corrupción o fraude, la filtración de información en una investigación o los sobornos a empleados públicos.

Esa potestad, en opinión de algunos de los juristas que comparecieron en las Cortes, debía limitarse para que la Agencia únicamente pudiera instar al inicio de una investigación a la autoridad competente a través de una petición razonada y no vinculante. Es decir, pasar a ser un órgano consultivo o asesor.

Pero no será así. PSPV, Compromís y Podemos han acordado que la Oficina podrá sancionar con entre 200 y 400.000 euros a los infractores , según la gravedad de los hechos: si son leves, la multa irá de 200 a 5.000 euros; si son graves, de los 5.001 hasta los 30.000; y, si son muy graves, de 30.001 hasta 400.000 euros.

Fabiola Meco puso ayer también de manifiesto la importancia que tiene que la Agencia, «investida de autoridad, pueda sancionar conductas que sean contrarias a las obligaciones y deberes de actuación que la norma incorpora, que son múltiples e importantes».

Lo que sí se ha eliminado de su propuesta inicial es la capacidad para inhabilitar a cargos públicos durante un determinado periodo de tiempo.

Y, ¿quiénes serán los afectados? Según la propuesta, los funcionarios, los cargos administrativos a nivel político elegidos por libre designación, los cargos políticos, directivos y las autoridades. Sobre el peligro de poder señalar a funcionarios con nombre y apellidos, desde el PSPV destacan que «por encima de él se encuentra el responsable político ».

Además, el campo de actuación se ha ampliado a partidos, organizaciones empresariales y sindicatos, sobre los que controlar el uso de las subvenciones y ayudas recibidas.

En cuanto a la elección del director , será por 3/5 de las Cortes y podrán proponer perfiles tanto los grupos parlamentarios como organizaciones externas.

Con las enmiendas ya aprobadas, el próximo jueves se votará tras el pleno todo el articulado de la ley. Tanto PP como Ciudadanos han anticipado que se posicionarán en contra del apartado de la potestad sancionadora al considerar que no tiene aplicación práctica real. «A la primera multa que pongan a los afectados, éstos recurrirán y el juez les dará la razón», indica el diputado popular Luis Santamaría.

Por su parte, el parlamentario de Ciudadanos David de Miguel señala que, aunque se trata de una norma «más sensata» que la inicial, sólo tipifica la «no colaboración».

Ambos partidos también destacaron en su momento que la prevención, investigación, control y evaluación de las medidas de lucha contra el fraude se solapa con el trabajo de otros como la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Cuentas, la Inspección general de servicios de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu o la propia Conselleria de Transparencia a través de su Consejo de Transparencia. Pero también entraba de lleno en la labor de la Fiscalía, el Poder Judicial o la Policía.

Desde Podemos defienden, sin embargo, que ninguno de estos órganos «ha sido capaz de erradicar la corrupción en la Comunidad Valenciana en todos estos años».

La previsión de los partidos es que la votación para la aprobación definitiva de la ley sea en el primer pleno de noviembre . Además, en estos momentos las tres formaciones se encuentran negociando la inclusión de la dotación presupuestaria en las cuentas del próximo año.