Los juristas tumban la Agencia Antifraude diseñada por Podemos

Mientras la reapertura de RTVV se encuentra paralizada por la falta de acuerdo político sobre quién la dirigirá (con vetos de por medio), la agencia Antifraude también costará poner en marcha más de lo previsto. Y, por lo que parece, cuando vea la luz poco tendrá que ver con la propuesta inicial de la formación morada.

La Proposición de Ley de este nuevo organismo fue presentada públicamente en noviembre de 2015 y su tramitación fue aprobada por unanimidad el pasado febrero por el pleno de las Cortes.

Desde un principio, los socialistas rebajaron las pretensiones de Podemos al entender que chocaba frontalmente con competencias de la Administración y con, entre otros departamentos, la Conselleria de Transparencia. Su responsable, Manuel Alcaraz, ya se encontraba elaborando una propuesta similar, pero más cercana a las intenciones del Ejecutivo valenciano.

Ahora han sido los expertos en Derecho los que han tumbado prácticamente todo el planteamiento inicial de la Agencia, que en un primer momento se llegó a hablar de que tendría una docena de empleados y 400.000 euros de presupuesto, según detallaron los diputados de Podemos Antonio Montiel y Fabiola Meco.

Las dudas principales a las que apuntan los juristas son la extralimitación de competencias y el ámbito de actuación . Así lo expusieron tres catedráticos en la materia durante sus comparencias en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda celebrada entre los días 22 de abril y 3 de mayo.

Con las conclusiones de estas jornadas, los grupos políticos elaboraron sus enmiendas , cuyo plazo de presentación finalizó el pasado 4 de julio. Aunque Podemos estudió la posibilidad de autoenmendarse tal como admitió su portavoz, Antonio Montiel, finalmente redactaron los textos (que trasladó Fabiola Meco al resto de partidos por correo), pero éstos no constan en el registro como presentados . La explicación, según fuentes de la formación, es que las modificaciones ya han sido incorporadas a la Proposición de Ley que se llevará a comisión para ser debatida antes de pasar a pleno para su aprobación. Esto significa que se verán obligados a votar las enmiendas de los otros grupos.

La fecha que se manejaba de estudio de las enmiendas era entre finales de septiembre y principios de octubre, para que a finales de año ya estuviera la ley aprobada. Sin embargo, el debate del estado de la Comunidad Valenciana en septiembre y el hecho de que tiene que pasar por la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda (con todos los temas pendientes por tratar en ella como el Fondo de Liquidez Autonómica) retrasaría los primeros pasos para aprobarla con todo el consenso posible.

1. La potestad sancionadora.

Los análisis realizados por los expertos en Derecho de la Universidad de Alicante y de la Jaume I (Rubén Martínez y Cristina Pauner respectivamente) señalan numerosas deficiencias e irregularidades en la redacción de la ley de creación de la Agencia Atifraude. Una de la más relevantes es la relativa a las competencias, especialmente la potestad sancionadora. La intención de Podemos, según consta en el texto original de la norma, era que el organismo tuviera capacidad de multar o inhabilitar en el cargo a aquellos que cometieran infracciones como la falta de colaboración en la protección del denunciante de unos hechos que revistieran corrupción o fraude, la filtración de información en una investigación o los sobornos a empleados públicos. También se contemplaban sanciones a empresas como no ser adjudicatarias de contrataciones durante un período de tiempo o perder el acceso a cualquier subvención.

Esa potestad, en opinión de los juristas, debería limitarse para que la Agencia únicamente pudiera instar al inicio de una investigación a la autoridad competente a través de una petición razonada y no vinculante. Es decir, pasar a ser un órgano consultivo o asesor.

2. Las competencias.

Esto va unido directamente a los propios fines y funciones del organismo. La prevención, investigación, control y evaluación de las medidas de lucha contra el fraude se solapa con el trabajo de otros como la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Cuentas, la Inspección general de servicios de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu o la propia Conselleria de Transparencia a través de su Consejo de Transparencia. Pero también entra de lleno en la labor de la Fiscalía, el Poder Judicial o la Policía .

Es por ello que los expertos en Derecho entienden que el papel de la Agencia ha de reconducirse únicamente al inicio de la actividad investigadora, a instar a la apertura de los procedimientos correspondientes ante el órgano competente (disciplinario, administrativo o penal) y a prestar la colaboración necesaria a estos órganos.

3. Ámbito de actuación.

La propuesta de Podemos incluye que la Agencia Antifraude podrá controlar y actuar sobre el conjunto de las Administraciones que conforman la Generalitat Valenciana, las entidades que la integran, el sector público instrumental, las universidades públicas valencianas y las personas físicas, entidades mercantiles y empresas privadas que sean contratistas, concesionarias o reciban subvenciones públicas de estas instituciones.

Pero existen numerosos problemas al respecto por los cuales se tendrá que modificar. El primero es que todas estas entidades cuentan con sus propios mecanismos internos, normas de supervisión y exigencia de responsabilidades, lo que puede provocar una duplicidad en las actuaciones, además de una invasión ilegítima de la Agencia en los principios de autonomía, como ocurre en el caso de los entes locales o de las universidades.

Tampoco queda claro a qué personas afectará. Se entiende que se pretende combatir la corrupción que se produce tanto en la Administración Pública (lo que apuntaría a los funcionarios ) como en los cargos administrativos a nivel político elegidos por libre designación. Aun así, también se llega a nombrar a cargos políticos, directivos y autoridades.

Los juristas recomiendan, en este sentido, que se amplíe a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos , sobre los que controlar el uso de las subvenciones y ayudas recibidas; y a los sujetos que ejecuten obras de la Generalitat, que tengan atribuida la gestión servicios públicos o ejecución obras públicas y las asociaciones constituidas por administraciones públicas.

4. Actuación con el denunciante y con el denunciado.

En el caso de que una persona denuncie ante la Agencia un caso de fraude y corrupción, los expertos en Derecho remarcan que debe eliminarse la posibilidad, como pretendía Podemos, de tramitar una denuncia de manera anónima. Únicamente se debería, por tanto, garantizar las condiciones de confidencialidad del denunciante y su protección para que no le conlleve represalias en su ámbito laboral.

En cuanto a la persona investigada, piden que no se pueda señalar a un funcionario con nombre y apellidos de forma pública como era la intención inicial de la formación morada, por lo que no se incluirán sus datos personales hasta que no recaiga sobre él sanción penal o administrativa firme. Así, indican que para asegurar sus derechos, se ponga en conocimiento del presunto infractor los motivos de la investigación y sus posibles consecuencias.

Todas estas correcciones de los juristas han sido incluidas en las enmiendas de PSPV, Compromís, Ciudadanos y PP, en las que se añaden matizaciones como que la Agencia no podrá nunca inmiscuirse en la labor de órganos con funciones similares y que dejará de investigar si el caso se encuentra en manos de la Justicia .

En el caso del inicio de las actuaciones de oficio , los partidos piden que sea únicamente cuando existan indicios perfectamente justificados, cuando exista una denuncia presentada o cuando las Cortes lo ordenen.

Otro de los puntos más conflictivos que se desprende de los textos de los cuatro grupos es la elección del director. Podemos pedía que éste saliera con el apoyo de 3/5 de las Cortes y, en una segunda vuelta, con mayoría absoluta. Sin embargo, esto supondría que el nombramiento no contara con un consenso político amplio, por lo que el resto de partidos (por recomendación de los expertos en Derecho) ha pedido que no haya segunda vuelta y se opte por proponer a otra persona en caso de no haber acuerdo, evitando así un bloqueo.

Existe controversia, igualmente, en su adscripción. La formación morada ha defendido desde un primer momento que dependa directamente de las Cortes. El PSPV ya mostró sus reticencias y abogaba por que estuviera adscrita al Consell. Tras el informe de los juristas, todos los partidos manifiestan en sus enmiendas que debería depender, efectivamente, del Ejecutivo , al igual que ocurre con organismos de índole similar a otros niveles de la Administración. Lo lógico sería que acabara adscrita a la Conselleria de Transparencia .

Precisamente, la proposición de Podemos suponía una modificación de la Ley de Transparencia, pero el resto de partidos han pedido eliminar esta posibilidad hasta que se produzca el debate.

Los expertos en Derecho remarcan que la propuesta no entra al detalle sobre la estructura de la Agencia Antifraude, pese a que Podemos habló al principio de doce miembros. Así, recomiendan que ésta cuente con un Consejo Consultivo o Asesor, subdirecciones, una Inspección de prácticas corruptas y fraude, una Secretaría General y un Comité de Vigilancia. Todo ello ocupado, previsiblemente, por funcionarios.

Por último, tanto los juristas como los partidos piden la supresión de la Disposición Adicional Única de la Proposición de Ley en la que Podemos pedía que la Agencia estudiara las «circunstancias, incumplimientos y normativas que han permitido la implantación de malas prácticas en la gestión de lo público durante los últimos años». Es decir, investigar a los anteriores gobiernos del PP.