Billetes de 500 en los grandes almacenes: así era el blanqueo de capitales en el PP de Valencia

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El motivo de la citación de Novo (que esta semana ya fue interrogado por la Guardia Civil) responde a que está «autorizado para disponer de la cuenta de la Agrupación local del Partido Popular». Un dato clave en la investigación de una trama de blanqueo de capitales procedentes del cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras y servicios públicos.

El juzgado investiga si los populares de la ciudad de Valencia manejaban una «contabilidad B» . De acuerdo con las pesquisas, los contratistas de obra pública aportaban dinero al partido y éste lo «lavaba» por distintos procedimientos . Uno de ellos pasaba por devolver a los concejales, asesores y militantes de confianza los donativos que habían realizado al partido en sobres con billetes de quinientos euros. La investigación apunta a que solo en la campaña electoral de las pasadas municipales se blanquearon a través de este procedimiento 50.000 euros .

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La trama ponía como condición para devolver los donativos que el dinero no se ingresara en cuentas bancarias. Los investigadores han constatado que algunos concejales gastaron el efectivo en compras en grandes almacenes. La ya exsecretaria del grupo municipal del Partido Popular de Valencia Mari Carmen García-Fuster está considerada la mano ejecutora de la trama que reclamaba los donativos para ocultar, mediante el blanqueo de dinero, la financiación irregular de la formación. García-Fuster fue cesada esta semana tras su detención.

A pesar de que el fiscal reclamó cárcel provisional , el juez la dejó libre bajo fianza de 150.000 euros.

Al margen de la línea de investigación centrada en el Ayuntamiento de Valencia ( especialmente en la concejalía de Cultura ), la «organización criminal» destapada esta semana tenía su otro epicentro en la Diputación de Valencia. La noche del jueves, el fiscal solicitó prisión provisional para su expresidente Alfonso Rus ; los exvicepresidentes Máximo Caturla y Juan José Medina; y el exjefe de Gabinete de la Corporación, Emilio Llopis.

De acuerdo con fuentes el Tribunal Superior de Justicia la petición fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas . A los cuatro primeros, no obstante, les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

El juez fijó sendas fianzas pecuniarias de dos millones de euros para Rus y Caturla , al que se acusa de extender las prácticas corruptas de la trama a la empresa pública Ciegsa en su etapa en la Consejería de Educación de la Generalitat.

Todos los arrestados están ya en libertad provisional y mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.