El juez acuerda libertad provisional para Rus, sus dos exvicepresidentes y su exjefe de gabinete

Según el TSJCV, «el juez no aprecia riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en los cuatro ex altos cargos arrestados por amaño de contratos», aunque como medida cautelar ha acordado para los cuatro la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.

Además, el juez ha fijado fianzas de dos millones de euros para el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, y para su exvicepresidente, Maximo Caturla. Mientras que Juan José Medina debe abonar un millón.

De los 24 detenidos, 22 se han acogido a su derecho a no declarar, entre ellos, el expresidente Diputación, Alfonso Rus.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad del Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil creen que la «organización criminal» infiltrada desde hace quince años en las Administraciones públicas de la Comunidad Valenciana contribuyó a la financiación irregular del PP a través del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos y obras públicas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha completado este jueves la toma de declaraciones a los veinticuatro detenidos por su relación con la trama. El juez está en este momento dictando los autos en respuesta a la petición del fiscal sobre la situación personal en la que quedarán estos cuatro detenidos.

El Juzgado ha recibido esta tarde a diez de los 24 detenidos en la Comunidad Valenciana en la operación contra la corrupción por amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas.

El instructor del Caso Imelsa ha dejado en libertad provisional a seis de los arrestados . Se trata de Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia y cinco empresarios.

Todos ellos continúan investigados (imputados) en la causa abierta por varios delitos contra la administración pública , entre ellos, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

A cinco de ellos les ha impuesto una fianza pecuniaria (no carcelaria) para garantizar el pago de las responsabilidades civiles a las que tendrían que hacer frente ante una eventual condena.

Entre estos empresarios se encuentran el dueño de la agencia de comunicación Engloba, José Adolfo Vedri , y Javier Luján, presidente de Construcciones Luján y expresidente de la patronal FECOVAL.

Las fianzas oscilan entre los 200.000 euros y el millón de euros .

Antes, el juez había impuesto el pago de una fianza para cuatro de ellos para hacer frente a las responsabilidades civiles en el caso de que fuera condenados. Es el caso del ex secretario autonómico de Deportes y ex diputado en las Corts David Serra; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster ; el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos; y un empresario y ex suegro del ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, también investigado en la causa.

En el caso de María del Carmen García Fuster, el magistrado ha decretado su puesta en libertad bajo fianza en contra del criterio de la Fiscalía , que pedía su ingreso en prisión.

Los otros tres arrestados en el marco de esta operación que este miércoles han prestado declaración ante el juez han sido un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia, personal de confianza del Grupo Popular, y dos arquitectos.