El Tribunal de Cuentas fija provisionalmente los gastos del 'procés' en el extranjero en 5,4 millones de euros

Según este documento, que acota el periodo de tiempo investigado entre 2011 y 2017, de este importe total, 5.151.156 euros corresponden al principal y 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes. Dicho informe fijó en 421 millones de euros el gasto de la Generalitat en acción exterior tal y como avanzó ABC.

A los afectados se les reclaman cantidades individuales , si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria. Todas ellas se sumarán a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista, gracias a la caja de solidaridad de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

La responsabilidad se fija de manera individual pero son solidarias. Así, por ejemplo, Puigdemont y Junqueras tendrán que hacer frente (provisionalmente) a 1,9 millones de euros cada uno; Romeva, 2,1 millones de euros; y Mas, 2,8 millones de euros. Las cantidades dependen del tiempo que desempeñaron el cargo y si la implicación legal por la que responde es individual o de grupo.

Durante el trámite de hoy, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas y 3 horas para leer , tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar 'in voce' con independencia de a cuántas personas representen lo que es tildado de «procedimiento arbitrario» por alguna de las defensas.

Este proceso económico, reparador en la terminología del propio Tribunal de Cuentas, es una de las «piedras en el camino», según el Gobierno, en su pacto con los partidos independentistas que arrancó hace unos días con la concesión de los indultos a los nueve presos condenados por sedición por el Tribunal Supremo en 2019.

En este contexto, Jordi Sànchez, indultado y secretario general de Junts, ha exigido hoy mismo al Ejecutivo que obligue a la Abogacía del Estado a cambiar su criterio en la siguiente fase del proceso en el Tribunal de Cuentas. Hasta ahora, la Abogacía ha pedido que los implicados en el gasto ilegal reparen el coste a las arcas públicas de la Generalitat.

«No se puede llevar a más de 40 personas, con la Abogacía del Estado apoyando unas demandas absolutamente surrealistas, y creo que malintencionadas y prevaricadoras, y decir que es el momento de la concordia», ha lamentado, y ha exigido al Gobierno que rectifique, e igualmente ha lanzado un mensaje al Govern catalán para que responda de manera «coherente y urgente» a las fianzas.

Además de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, están personadas dos entidades catalanas, en calidad de acción pública, que reclaman la reparación del gasto indebido en las cuentas de la Generalitat de Cataluña: Abogados Catalanes por la Constitución y Societat Civil Catalana, que también se personaron en el caso de los gastos por el referéndum ilegal.

El acto de hoy en el Tribunal de Cuentas no dirime si existe o no responsabilidad contable, sino que se hace un pronunciamiento previo y provisional sobre las mismas. Las posibles responsabilidades contables se determinarán en el correspondiente procedimiento jurisdiccional, que se celebrará posteriormente. Lo de este martes es una fase anterior a un posible procedimiento jurisdiccional: la fase de actuaciones instructoras previas a la exigencia de responsabilidades contables; esto es, en la fase de instrucción del procedimiento.