El Tribunal de Cuentas notifica hoy la factura de 10 millones por el 'procés'

A pesar de lo abultado de los fondos públicos gastados de forma irregular, tal y como ya sentenció el Tribunal Supremo, a Pedro Sánchez le gustaría que el Tribunal de Cuentas cerrase los expedientes porque, como dijo el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, son «piedras en el camino» de su estrategia de acercamiento al independentismo catalán. Sin embargo, no parece fácil ni es habitual que el Ejecutivo intervenga en un proceso tan avanzado del órgano fiscalizador .

Al margen de la influencia que pueda acabar llevando a cabo el Gobierno y que los miembros del Tribunal de Cuentas acepten, hasta hoy, cuando se conocerán las fianzas impuestas, solo el que fuera consejero de Economía y Conocimiento con Mas, Andreu Mas-Colell, y el secretario general del Diplocat entre 2013 y 2017, Albert Royo, han dado a conocer que, según sus cálculos, se les podría reclamar unos 4,8 millones de euros y 4,5 millones de euros , respectivamente. Están por ver las cifras definitivas y la responsabilidad económica compartida entre la cuarentena de personas implicadas.

Entre estas están, también, miembros del Govern catalán entre 2011 y 2017 que no tuvieron responsabilidades políticas directas en el 'procés' pero sí participaron del entramado. Según pudo saber ABC, por ejemplo, algunos delegados de la Generalitat entre los años citados podrían tener que responder por actos convocados por el Govern –sin relación directa con el 'procés'– en sus delegaciones.

En cualquier caso, el proceso en el Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior del 'procés' entra en la fase de las fianzas . Antes, en marzo de 2019, tal y como adelantó entonces este diario, el mismo órgano fiscalizador cuantificó el coste de la acción exterior de la Generalitat en el mismo periodo temporal. Un gasto que el informe correspondiente fijó en 421 millones. De ahí hay que determinar lo que es ilegal por su vinculación con el 'procés'.

Hoy están convocados los afectados, o los representantes legales, de, entre otros, además de los citados, Jordi Turull, Neus Munté, Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Albert Carreras, David Mascort, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro, Pau Villòria, María Vidal, Rosa Vidal y Jordi Serra.

Además de la factura del 'procés' contabilizada por el Tribunal de Cuentas –en torno a los diez millones de euros por el referéndum del 1-O y la acción exterior del 'procés' pagada también con fondos públicos– hay que añadir otros pagos pendientes provocados por la actuación del independentismo que, sin embargo, no parece que se vayan a cobrar porque nadie va a exigir su abono.

Tras la 'semana de furia' de octubre de 2019 en Barcelona que siguió a la sentencia del 1-O, las Fuerzas de Seguridad, en especial los Mossos d'Esquadra pero también la Policía, anunciaron que iban a poder denunciar a muchos de los que habían participado en las algaradas gracias al trabajo que habían hecho sobre el terreno y que les había permitido identificar a muchos de ellos. Ya lo habían comenzado a hacer durante los disturbios – hasta 300 denuncias en un solo día– y la idea era continuar con esa línea de trabajo. Cada multa era de 600 euros; pues bien, a día de hoy no hay noticias de que se hayan cobrado la mayoría de ellas, una responsabilidad de la administración catalana, en manos de los nacionalistas.

Lo mismo sucede con los 3,1 millones de euros en daños en bienes públicos y privados de Barcelona que costaron esos días de protestas violentas, alentadas por la propia Generalitat. Al margen del dinero que pagó el Consorcio de Seguros a aquellos que tenían sus propiedades aseguradas, el Ayuntamiento, en manos de Ada Colau, de los comunes, con el apoyo del PSC, renunció a demandar por la vía judicial a los responsables de los destrozos para recuperar el dinero público perdido.

Sumados todos los conceptos, solo en los aspectos recogidos en estas líneas estaríamos hablando de un quebranto cuantificable para las arcas públicas que superaría con facilidad los 13 millones de euros , de los cuáles en torno a 10 millones, que dependen de las decisiones del Tribunal de Cuentas, quieren ser perdonados por el Gobierno como parte de su política de acercamiento a los nacionalistas, que hasta ahora ha tenido su máximo exponente en los indultos.