Detenidos varios empresarios de la órbita de Puigdemont por desviar fondos al separatismo

Las pesquisas parten de una causa que venía investigando el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, sobre el supuesto desvío de fondos públicos de la Diputación de Barcelona, que debían haberse destinado al Tercer Mundo , y de la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas, pero que supuestamente acabaron en los bolsillos de empresarios y cargos públicos de la órbita independentista. Una parte, además, podría haber ido a sufragar el desafío independentista.

En aquella investigación, la Guardia Civil descubrió la supuesta prevariación en la recalificación de terrenos rústicos para la construcción de un centro de negocios, un restaurante y una escuela concertada en la localidad de Cabrera de Mar (Barcelona), en concreto en la zona denominada Compleix Villabugatti, según ha informado el Instituto Armado. Además de la recalificación, los investigadores constataron la existencia de adjudicaciones de obra por procedimientos no reglados; irregularidades por parte de la Consejería de Educación de la Generalitat en la concesión del concierto de una escuela y la modificación irregular del terreno de rústico a urbanizable mediante la recalificación municipal aprobada por el pleno de Cabrera. Hasta aquí, una supuesta trama de corrupción al uso, pero que los investigadores consideran que va más allá, pues sospechan que parte de esos fondos sirvieron para nutrir actividades secesionistas, incluida parte de la estancia de Puigdemont en su fuga.

En este contexto se enmarcan las detenciones de este miércoles. El Instituto Armado ha arrestado, entre otros, al exdirigente de Esquerra Xavier Vendrell y al exdirigente de CiU David Madí , el histórico jefe de campañas electorales de Artur Mas, según han explicado a ABC fuentes policiales. En la lista está, además, el empresario vinculado al secesionismo Oriol Soler , vinculado al mundo editorial y de la comunicación. También ha sido detenido Josep Lluís Alay , historiador y responsable de la oficina de Puigdemont, según ha informado el expresidente de la Generalitat Quim Torra en su cuenta de Twitter, que ha calificado el operativo policial como una muestra más de la supuesta «represión» al secesionismo. Algunos de los detenidos han ido quedando luego en libertad con cargos. La Guardia Civil no descarta que próximamente pueda haber más detenciones , pero no hoy, pues han dado el operativo por finalizado.

También están siendo investigados dentro del operativo que la Guardia Civil hallevado a cabo desde primera hora de esta mañana los empresarios Antonio Fusté y Roc Aguilera , socios de Events SL, una firma dedicada a la producción de eventos y proveedor habitual en actos del gobierno catalán y organizadores de un reciente gran acto de Puigdemont en Perpiñán (Francia). Su nave, ubicada en Igualada (Barcelona), ya había sido registrada por la Guardia Civil las vísperas del 1-O dentro de un operativo por el referéndum ilegal. Los agentes han vuelto a registrar sus oficinas este miércoles dentro de esta investigación.

No acaba ahí la lista de investigados. Forman parte de ella, también Pilar Contreras, de ERC de Vilanova i la Gertrú, directora general de centros concertados y centros privados de la Generalitat; Marta Molina; el alcalde del Ayuntamiento de Cabrera de Mar (Barcelona), Jordi Mir (Junts per Catalunya) y el interventor delegado de la Consejería de Presidencia de la Generalitat, Jordi Serra y Xavier Vinyals, excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la plataforma pro selecciones catalanas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Estos empresarios y excargos públicos afines a Junts per Catalunya (JPC) y a Esquerra, con la contribución de una docena de colaboradores, habrían puesto en marcha un sistema para el desvío de fondos hacia la órbita secesionista, y parte de ellos podrían haber servido para financiar iniciativas como hacerse cargo de la estancia de Puigdemont en Bruselas, e incluso aportar fondos a la plataforma anónima Tsunami Democràtic , de la que siempre se ha sospechado que tenía una vinculación directa con la cúpula política independentista, algo que investiga la Audiencia Nacional en otra causa al margen.

Desde primera hora de esta mañana, los agentes de la Guardia Civil han comenzado a practicar una treintena de registros , especialmente centrados en la provincia de Barcelona y de Gerona, en ocho partidos judiciales distintos. Los agentes del instituto armado han acudido, por ejemplo, a la sede del Ayuntamiento de Cabrera de Mar (Barcelona) para requerir documentación relacionada con diversas adjudicaciones bajo sospecha.

La investigación, que dirige el juez Aguirre, está abierta por los supuestos delitos de malversación, blanqueo de capitales y prevaricación. El juez ha levantado este mismo miércoles el secreto de las actuaciones, tras un año y medio de pesquisas. Se enmarca en la pieza del supuesto desvío de fondos públicos de la Diputación de Barcelona que deberían destinarse al Tercer Mundo hacia círculos afines al independentismo, especialmente del entorno de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Aquella causa inicial sobre el supuesto desvío de fondos del Tercer Mundo hacia la órbita secesionista se la había encomendado inicialmente el juez a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que en 2018 llevó a cabo una treintena de detenciones, entre ellas la de Salvador Esteve, expresidente de la Diputación de Barcelona y la de Víctor Terradellas, presidente de la fundación CATmón.

Los agentes intervinieron entonces miles de archivos informáticos, agendas con anotaciones sobre los supuestos desvíos de dinero y teléfonos, pero antes de culminar todo ese análisis, el juez ordenó que se encargara de la investigación la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cataluña, en febrero del año pasado. El traspaso de las pesquisas en las que se investigaba prevaricación, tráfico de influencia, malversa-ción de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones, provocó malestar en la Policía .

En esas indagaciones embrionarias Terradellas aparecía como una figura preeminente en la causa del procès, que estaba dispuesto a continuar el camino emprendido en octubre de 2017 por el separatismo, e incluso instruía a través de whatsapp al fugado Carles Puigdemont sobre cómo debía actuar ; en otras conversaciones con Miquel Casals, se refería a Puigdemont y Jordi Sánchez como «mandorrinos».