Cataluña, capital Waterloo: un entramado político y económico para blindar al fugado Puigdemont

Pero, lejos de conformarse con su salario (algo menos de 9.000 euros brutos mensuales más dietas y otros gastos), Puigdemont siguió creando a su alrededor y bajo su estricto control, a lo largo de estos tres años, un entramado de intereses político-económicos regado con dinero público, por un lado, y bajo la apariencia política, por otro. Una trama de fidelidades que sobrevive a la espera del nuevo examen en forma de elecciones previsto para el 14 de febrero, si no hay novedad.

Así, una de las líneas de investigación del juez instructor de Barcelona que este miércoles dirigió la operación Volhov en diversos puntos de Cataluña contra empresarios, políticos y expolíticos catalanes (31 registros y 21 detenidos) se centra en averiguar si hay dinero público que estaría siendo desviado -o lo habría sido- para el sustento económico de Puigdemont en Waterloo (Bélgica).

Un dato relevante es la coincidencia del fin de la actividad pública de la plataforma, aparentemente anónima, Tsunami Democràtic -que a su vez está siendo investigada en la Audiencia Nacional- con la obtención del acta de eurodiputado de Puigdemont: inicios de 2019. Esto le permitió colocar a cuatro personas de su confianza como asesores (que cobra cada una de ellas un máximo de 6.654 euros brutos al mes): David Goicoechea, Víctor Solé, Margarida Payola y Aleix Sarri.

Goicoechea es agente en excedencia de los Mossos d’Esquadra y hace funciones de seguridad para Puigdemont. Es, además, hermano de Xavier, también policía autonómico, que acompañaba al fugado de la Justicia española en el coche cuando en 2018 fue detenido por la Policía alemana de vuelta a Bélgica de un viaje a Finlandia. Puigdemont pasó diez días en la cárcel de Neumünster (Alemania).

En Bélgica también tiene su sede el Consell per la República (en la Casa de la República), entidad opaca para las autoridades fiscales españolas, presidida por Puigdemont y cuya actividad se limita a emitir posicionamientos políticos independentistas. Actualmente tiene algo más de 90.000 personas inscritas que abonan una pequeña cantidad de dinero.

Originariamente, la entidad se creó para dar la apariencia de que el «gobierno del exilio» tenía actividad. Pero ahora mismo es poco más que una web. En la cúpula de este Consell per la República están, entre otros y siempre subordinados a Puigdemont, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, el cantante Lluís Llach y exconsejeros autonómicos como Lluís Puig, también fugado de la Justicia, que a su vez cobra 85.769,10 euros al año de la Generalitat de Cataluña por un cargo político en la Consejería de Cultura.

A esta red de intereses hay que sumarle, en Barcelona, Junts per Catalunya, partido que igualmente lidera Puigdemont desde Waterloo. Jordi Sànchez, desde la cárcel, y Elsa Artadi, desde el Parlamento autonómico, controlan la formación política que ha lanzado una OPA hostil al PDECat, al que le «robó» la marca electoral, y con la que aspiran erosionar a ERC lo suficiente como para mantener la presidencia de la Generalitat tras la salida de Quim Torra.

A la par, Puigdemont dispone en la capital catalana de una oficina en tanto que expresidente de la Generalitat. Al frente de la misma está Josep Lluís Alay (con un salario de 96.967,34 euros al año y que acompañaba a Xavier Goicoechea cuando Puigdemont fue detendio en Alemania, por lo que está siendo investigado en España), también detenido ayer en la operación Volhov, y adscritos hay dos personas más: Jordi Finestres y Glòria Sala.

Todos trabajan para Puigdemont. Un entramado económico y de fidelidad en clave cesarista que la Justicia investiga desde hace un año y medio.