La Fiscalía investiga al Instituto Catalán de Finanzas por los avales con dinero público a los líderes del 'procés'

La actuación de la Fiscalía se produce después de que la semana pasada Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos en Cataluña, presentase una denuncia en nombre de la formación liberal. La denuncia señalaba también al Govern, por haber aprobado un decreto-ley en el que se apoya la decisión del ICF, pero la Fiscalía ha archivado esta parte de la denuncia al señalar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya tiene abierto otro procedimiento penal contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y los consejeros autonómicos, Jaume Giró y Laura Vilagrà, que son aforados.

Este procedimiento penal sobre los tres miembros del Govern, abierto por una denuncia de Vox, está en fase de diligencias indeterminadas, y hay otro pendiente, también, tras una denuncia de la asociación Convivencia Cívica Catalana (que tras ser inadmitida, en un primer momento, se volvió a presentar por parte de la entidad). Ambos están en una fase previa a la admisión a trámite, según informaron fuentes del TSJC.

La investigación abierta por Francisco Bañeres, fiscal superior de Cataluña, y que ha remitido a la Fiscalía Provincial de Barcelona, se centra en la decisión adoptada por la Junta de Gobierno del ICF, el miércoles 21 de julio, cuando aprobó la concesión de los avales a favor de 29 de los 34 ex altos cargos del Govern encausados en el TdC (todos los que lo habían solicitado, entre ellos Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras), y que Cs en la denuncia define como «operación fraudulenta».

La Junta de Gobierno del ICF actuó en base al Decreto-ley 15/2021, aprobado dos semanas antes, y con el que el Govern puso en marcha el Fondo Complementario de Riesgos (FCR) al que le dotó unos días después, mediante una transferencia de dinero público, con 10 millones de euros. Este fondo está controlado por el ICF hasta la creación de un ente gestor nuevo, que a día de hoy sigue sin conformarse, encargado de intermediar entre los bancos privados (que aportarían los avales) y los beneficiarios de la operación, en este caso los ex altos cargos de la Generalitat.

Como el plan inicial del Govern se fue al traste, ya que ningún banco o entidad privada quiso participar en esta operación pantalla, Aragonès habría forzado al ICF a convertirse en avalista, directamente (ante la falta de más tiempo para buscar un avala privado), tal y como recoge una disposición final del decreto-ley. Esta decisión, aprobada el 21 de julio gracias al voto de calidad de su presidente, llevó al ICF a una tensión política poco habitual en el organismo público y tres de los nueve miembros de la Junta de Gobierno dimitieron unos días antes.

En su denuncia, Cs pidió a la Fiscalía, entre otras diligencias, que el ICF remitiera la documentación relativa (incluyendo los informes previos sobre riesgos y cumplimiento normativo) a la sesión de la Junta de Gobierno en la que se aprobó la concesión de los avales y el expediente de riesgos de cada uno de los 29 avales concedidos, así como que se tome declaración a los miembros de la Junta de Gobierno.