La Generalitat reconoce en el decreto ley del fondo para los avales del TdC que sale dinero público de sus cuentas

El decreto (seis artículos, dos disposiciones y el formulario de petición de beneficiario) recoge la fórmula con la que la Generalitat intentará avalar con dinero público las multas, las fianzas o las sanciones (civiles, patrimoniales y contables) que los altos cargos y los miembros del Govern catalán tengan que hacer frente por decisiones adoptadas durante su mandato.

El fondo contará siempre con al menos 10 millones de euros de dinero público y lo gestionará el Instituto Catalán de las Finanzas (ICF), mientras no se cree una entidad gestora, cuya fecha para su constitución no se fija en el decreto ley ni se concreta los miembros que la formarán. La Generalitat se compromete, eso sí, a mantener el dinero suficiente en el fondo para hacer frente a los avales que sean necesarios cada año.

Aunque ayer Giró aseguró que la Generalitat no perderá el control del dinero público del fondo en todo momento, según el artículo 4.7 del texto legal aprobado por el Govern catalán, no será así pues el ICF o la entidad gestora que se cree depositará el dinero del aval en una entidad financiera privada, que será la que finalmente avale ante la Justicia el dinero requerido al alto cargo o miembro de la Generalitat.

Esta es la fórmula que ha encontrado el Govern catalán para avalar indirectamente, pero con dinero público, a los 34 acusados del gasto indebido por la acción exterior del 'procés' y a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros, entre ellos los expresidentes autonómicos Carles Puigdemont y Artur Mas, y los exconsejeros Francesc Homs, Raül Romeva, Oriol Junqueras y Andreu Mas-Colell.

Para que no quede dudas de que será la Generalitat quien avale al final la fianza en este caso del TdC (aunque este órgano constitucional recibirá el aval de una entidad privada, lo que hará difícil que lo pueda rechazar), la disposición transitoria del decreto ley establece (en su punto segundo) que si no pudiera aplicarse el artículo 4.7 cuando el decreto ley entre en vigor (es decir, desde hoy mismo) la entidad gestora o el ICF «puede otorgar la garantía mediante cualquier medio admitido en derecho, sin perjuicio de que sea sustituida posteriormente por lo que dispone el precepto mencionado».