ERC enmaraña a Puigdemont, que pierde el control estratégico del secesionismo catalán

Además, las supuestas pretensiones de Junts, situando el papel del Consell per la República como un ente que debía tutelar al presidente de la Generalitat, una vez visto el acuerdo de ERC y Junts, se desprende que no eran más que una excusa para una mejor negociación en el reparto de las consejerías respecto a sus socios y, sobre todo, el gasto público. El acuerdo de gobierno desplaza a Puigdemont y su asociación y los deja en un segundo plano.

El objetivo de los dos grupos secesionistas mayoritarios sigue siendo el mismo: la amnistía para los afectados por el 'procés' y un referéndum que permita la independencia de Cataluña. Esta doble exigencia es la «única solución» posible que plantean ERC y Junts para resolver el llamado problema catalán -creado por los nacionalistas-, y así lo recogen en el documento por el que sellan la paz.

Es, además, el único punto en común, pues incluso discrepan en la forma de llevar a cabo el objetivo y el camino a transitar juntos. ERC apuesta por la mesa de diálogo entre los Gobiernos, central y regional, mientras que Junts insiste en el embate contra la democracia española y sus instituciones constitucionales.

Para evitar una repetición electoral, ERC pierde la mayoría del gasto público de la Generalitat -que controla desde 2018-, Junts pierde la presidencia autonómica -será de ERC por primera vez desde Josep Tarradellas- y ambos se inventan un nuevo ente de diálogo entre los dos partidos para intentar definir la estrategia independentista, un órgano sin plazos, que aparta al Consell per la República y cuyas decisiones se deben adoptar por consenso, es decir, por unanimidad.

«Consideramos imprescindible articular un espacio de coordinación, consenso y dirección estratégica del independentismo. Los acuerdos estratégicos dentro del independentismo han sido la llave que nos ha permitido avanzar en el camino hacia la independencia. Hay que recuperar de manera inmediata estos espacios compartidos de análisis y dirección política entre formaciones y asociaciones independentistas con el objetivo de alcanzar un acuerdo estratégico entre todas después de alcanzar el 52 por ciento en las elecciones del 14 de febrero», afirman ERC y Junts en el texto del acuerdo, utilizando un léxico retórico constante en el apartado relativo a la gestión del 'postprocés', evidenciando que no existe una hoja de ruta clara y compartida.

En esta línea, el nuevo 'Espacio de Coordinación, Consenso y Dirección estratégica' tendrá entre sus cometidos definir «los pasos compartidos en todos los ámbitos de actuación relevantes (institucionales y sociales) para culminar el camino hacia la República catalana» y estará formado por representantes de ERC, Junts, la CUP, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, de manera que se configura un «liderazgo compartido, necesario para representar la diversidad del proyecto colectivo».

El nuevo ente, que no tiene encaje institucional y funcionará en paralelo al Govern catalán, deja al Consell per la República de Puigdemont -asociación privada registrada en Bélgica- en una posición subsidiaria. El acuerdo encomienda al Consell la tarea de reformularse y, siempre por consenso de los cinco miembros del nuevo espacio de decisión, podrán coordinarse ambos espacios, mientras el nuevo ámbito de decisión a cinco mantenga la dirección estratégica. Y todo esto sin que ERC y Junts -que se comprometen a reconocer la tarea realizada por el Consell- fijen unos plazos temporales para su ejecución.

De esta manera, el 'Espacio de Coordinación, Consenso y Dirección estratégica' se encargará, entre otras tareas, de fijar los objetivos estratégicos del independentismo mayoritario; concretar propuestas de «movilización ciudadana»; promover «una unidad de acción» en el Parlamento catalán, el Congreso, el Parlamento europeo y los ayuntamientos; «coordinar el relato comunicativo» y «asumir las respuestas urgentes» ante «las actuaciones represivas del Estado».

Para «garantizar el buen funcionamiento» de este nuevo foro de discusión, que aspiran a situar «fuera del foco mediático», ERC y Junts proponen que se creen unos órganos integrados por representantes de todos los partidos y las entidades secesionistas: Dirección estratégica (entre 10 y 15 personas), Comité Técnico (entre 5 y 10 personas) y Grupos de Trabajo (al que podrán asistir invitados expertos, según la materia a tratar).

En resumen, el nuevo espacio de consenso asumirá, básicamente, todas las tareas que se atribuyó el Consell per la República, con la excepción de la internacionalización de la causa secesionista, que seguirá en manos de Puigdemont (aunque no de manera exclusiva), aprovechando que es eurodiputado y que Junts controlará, tras el acuerdo con ERC, la Consejería de Acción Exterior y Transparencia, que sí le podría facilitar cobertura 'diplomática' y propagandística.

Así, sobre el papel, el expresidente de la Generalitat perderá el control estratégico del secesionismo al que aspiraba desde el Consell per la República, siempre que el acuerdo de gobierno entre ERC y Junts se lleve a cabo.

Puigdemont mantendrá su asociación privada, instalada físicamente en la llamada Casa de la República, en Waterloo (Bélgica), que a fecha de este martes, tenía registrados a 97.549 personas que habían pagado entre 6 y 12 euros. Y que admite donaciones. A esto suma el salario de eurodiputado (casi 7.000 euros al mes), más gastos en dietas y viajes.