La provincia de Barcelona, paraíso para las mafias de la okupación

Desde hace pocos días, el consistorio ha destinado allí a varios vigilantes de seguridad. «Cuando llegamos había gente pinchándose en la escalera, colchones por todo el portal », relata uno de ellos. «Antes no salíamos de casa», cuenta a su lado el inquilino. De día, por miedo a que se las okupasen, y tras la puesta de sol, además, por la imposibilidad de desplazarse a oscuras.

Cuando Eduard sube varios peldaños para mostrar el cuadro de contadores calcinado, una mujer con un mandil aparece llorando en el rellano. Es Magdalena Urrea , de 76 años. «Nunca me he sentido tan desprotegida, no puedo más. ¿Qué hace el Ayuntamiento? ¿Qué hace Ada Colau? », cuestiona entre sollozos. Vive con su marido enfermo, y muestra su casa a la luz de una vela. Tiene preparada una maleta con algunas pertenencias para cuando el consistorio los realoje en una ubicación provisional, hasta que finalice la reparación de la instalación eléctrica. Los traslados comenzaron el viernes, ante la desesperación del conjunto de residentes, sin saber cuándo sería su turno.

El llanto de Magdalena alerta a Germán , que abre la puerta de su vivienda equipado con un frontal, abrigo y cigarro en boca. Ilumina así el rellano, ya sumido en la oscuridad. Preguntado por su situación, tira de ironía. «¡Cojonudo! ¡Ahora iba a abrir el champán y caviar iraní! », anuncia impertérrito, pese a que uno de los okupas sube la escalera acompañado de un pitbull. A su ironía ayudan unas cuantas baterías solares, que le permiten incluso ver la televisión. Pasado un rato, aunque le cuesta, se despoja del humor para explicar su historia. Trabajaba como electricista, su empresa iba bien hasta que un socio se la «jugó» y lo estafó, motivo por el que vive en este edificio de propiedad municipal junto a su madre enferma. «No quiso ir a una residencia y por eso está aquí conmigo. Yo lo he perdido todo. Todos los que estamos aquí», relata.

Eduard, que trabajó en varias casas de apuestas, trata de calmar a Magdalena, que lamenta que nadie le asegura la fecha del traslado temporal. Ya ha caído la noche y el trajín de okupas por las escaleras prosigue pese a la oscuridad . « Estos dos venden droga », musita Germán al paso de una pareja frente a su puerta. «Fue el de la vivienda de al lado, también okupa, el que les vendió la llave. Yo veo cómo tiran las bolsitas con droga por la ventana», dice mientras señala el vidrio abierto del descansillo. «¿Has leído algo sobre la teoría del caos? Pues esto es lo que es», desliza antes de volver a su piso.

Tal y como explicó ABC, la provincia de Barcelona aglutina casi un tercio de las okupaciones que se denuncian en España. Fueron 4.229 del total de 13.389 en todo el país durante los primeros nueve meses de 2021. Y eso sin contar las que escapan al radar policial, ya que, según advierten inmobiliarias, propietarios y vecinos, la actividad de las mafias no deja de crecer. « Se ha convertido en un negocio muy rentable . Estamos hablando de la profesionalización de la okupación en zonas como el barrio del Raval, Santa Coloma, Badalona o Tarrasa. Se meten dentro de los edificios y venden llaves a personas que no tienen papeles o una nómina. Es una realidad», advierte Montse Moreno , vicepresidenta de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI), quien apunta que Barcelona encabeza la lista de allanamientos por varios motivos. «Al Ayuntamiento en el sector lo denominamos como ‘okupa friendly’ por su tolerancia. Además, la ley catalana de vivienda resulta demasiado permisiva, porque aunque los pisos los gestionen mafias, hasta que Servicios Sociales efectúa una valoración sobre la vulnerabilidad de quienes se han instalado allí no se ejecuta el desalojo, y en muchas ocasiones están saturados, lo que retrasa aún más el procedimiento legal, que puede extenderse más de un año. Y es que, efectivamente, existe un problema de acceso a la vivienda, sobre todo en los grandes núcleos de población». Por su parte, la abogada Paz Vallès , del despacho Molins, aporta argumentos similares: «En Cataluña, y en especial en Barcelona, existen movimientos y asociaciones prookupación que están totalmente organizados y hace años que cuentan con el respaldo tanto de la administración local como de la autonómica». Un movimiento asociativo que ayuda a familias vulnerables, indica, muchas veces en «connivencia» con mafias que, de forma ilegal, les subarriendan pisos y locales vacíos.

Vallès cree que esta «tolerancia» extendida hacia la okupación ha provocado la aparición de delincuentes que aprovechan el negocio. « Es una actividad creciente durante los últimos años », secunda Ferran Font , del portal inmobiliario Pisos.com, que explica que se trata de «bandas organizadas con conocimientos legales. Estamos hablando de la profesionalización de la okupación». Además de segundas residencias o pisos vacíos en la capital, Font explica que últimamente las mafias okupan nuevas promociones de viviendas para extorsionar a los promotores. «Para poder llevar a cabo la venta y asegurar la viabilidad de su negocio, suelen pagar la extorsión, porque el proceso legal se demora en el tiempo», apunta. « Con esas reglas juegan los okupas ». Así se retroalimenta. La extorsión no se denuncia para agilizar el proceso, así no llega a engrosar la lista de denuncias y se convierte en un negocio rentable para los allanadores.

Las consecuencias de esta proliferación las conocen bien los vecinos del barrio del Raval. Fabio Ferlito abandonó su vivienda en propiedad para mudarse a otra zona de Barcelona. «Ya no se puede vivir allí y cada vez tengo más problemas para alquilar el piso , por la zona en la que está, la inseguridad y la suciedad. Cada vez que se libera, entro en pánico. He instalado una alarma, pero suelo pasarme por allí a diario, cuelgo ropa en el balcón y enciendo las luces, para que nadie sepa que está vacío y puedan okuparlo», relata. Algunos de los que resisten, como Carmela , han sufrido el fenómeno de la llamada ‘narcoespeculación’ . Hasta el año pasado, en su edificio había tres pisos «narcookupados. Imagínate la actividad. El movimiento de gente continuo, peleas, un horror», rememora. Fue una asociación vecinal, Acció Raval , la que se unió para combatir este fenómeno, que aún prosigue, pero con menor intensidad que años atrás. Su portavoz, Àngel Cordero , explica que tras la ola de desahucios por impago con la crisis «las mafias comenzaron a okupar viviendas vacías para traficar con drogas. Pudimos llegar a contar hasta 100, cuando ahora pueden ser una decena. Ya no hablamos de narcopisos, sino de puntos conflictivos, también de venta de material robado», detalla.

La otra cara de la moneda es la de las familias vulnerables. «La mayoría de personas que llegan a nuestras asambleas y están okupando han sido engañadas, pagando un alquiler por debajo del precio de mercado a alguien que luego desaparece, o que abonan una cantidad por entrar en una vivienda okupada. Son gente con pocos ingresos que, aún teniendo un empleo, no puede acceder a una vivienda social porque no hay y la mesa de emergencia de Cataluña arrastra una lista de espera de tres años», cuenta Lucía Delgado , portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Barcelona. El diagnóstico de unos y otros es el mismo: ausencia de parque de vivienda social u otra alternativa habitacional. «El Estado no puede hacer recaer sobre un particular, ajeno a esa okupación, la necesidad de proteger a una familia vulnerable, y es evidente que se hace», reprocha el juez José María Asencio , que aboga por una ley para proteger la propiedad privada.