La okupación se dispara: cada día 49 inmuebles caen en manos de usurpadores

Los datos oficiales evidencian el aumento de la okupación y eso que aún no están los de todo 2021. Entre enero y septiembre del año pasado se contabilizaron 13.389 (allanamientos o usurpaciones, puesto que en las denuncias policiales no se delimita y es el juzgado el que determina la calificación). Cada día 49 personas vieron cómo su inmueble caía en manos de delincuentes o de familias necesitadas, ese dato no se diferencia, según las cifras de hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que ha tenido acceso ABC.

En los mismos meses de 2020, el número de okupaciones fue de 11.319, lo que supone un aumento del 18,3 por ciento. El fenómeno delictivo no ha dejado de crecer desde 2015 , cuando se produjeron en todo el año 10.376 casos. Y eso son los números porque detrás de cada okupación, cuando los afectados son particulares, subyacen auténticos dramas y problemas de convivencia en comunidades de vecinos y localidades enteras.

«No vale con tener que asumir que tu casa o la del vecino ha sido ocupada, en la mayoría de los casos por falsos vulnerables», explica la Plataforma de Afectados. Según sus datos, más del 80 por ciento de las okupaciones no son de familias necesitadas . Además, dicen, «tenemos que asumir gastos de suministros (tanto los pequeños arrendadores como las comunidades de vecinos), impuestos y muchas veces la propia hipoteca del inmueble». Sienten que deben mantener a su «verdugo», como lo llaman, a quien ha atentado contra su patrimonio y su familia.

Propietarios de viviendas desesperados, vecinos en pie de guerra sopor-tando a quienes se instalan a su lado sin respetar ninguna norma, usurpadores de propiedades ajenas y allanamientos. La conflictividad vecinal estalla cada vez con más frecuencia y obliga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a actuar en ocasiones para proteger a los propios okupas , amenazados por barrios enteros de los que se han adueñado.

Ocurrió hace menos de un mes en Alcabón, un pueblo de Toledo de apenas 700 habitantes, donde la Guardia Civil detuvo a un okupa que recibió a tiros a los agentes . Guardaba una pistola de aire, un machete y munición, además de dedicarse a cultivar marihuana en la vivienda con la luz enganchada. Acumula detenciones y atemoriza una y otra vez a los vecinos.

La radiografía se repite por toda España, pero adquiere tintes preocupantes en la provincia de Barcelona. Allí se denunciaron 4.229 okupaciones en nueve meses , un tercio del conjunto del país, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad. Cataluña encabeza por comunidades el ránking de las más afectadas y es la que ha mostrado una política más permisiva con esta delincuencia de impacto social.

A finales de noviembre una familia entera, los padres y dos niños de uno y tres años, murieron en el incendio de un local okupado, una antigua oficina bancaria de Barcelona. Los vecinos habían denunciado las condiciones en las que vivían las personas que estaban en ese inmueble. Cataluña es desde 2015 la comunidad en la que más hechos se producen y en la que no paran de aumentar.

La segunda región en la que hubo más okupaciones fue Andalucía, con 1.994 casos, seguida por Madrid, con 1.282 casos denunciados, y un aumento de casi el 25 por ciento; la Comunidad Valenciana (968) y Castilla-La Mancha donde se han incrementado los hechos un 30 por ciento, con 606 casos.

La Fiscalía y el Gobierno movieron ficha en 2019. El Ministerio del Interior aprobó un ‘Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles’, con el fin de dotar de seguridad jurídica a los policías que actúan contra los okupas y criterios de cómo debían hacerlo. Interior habló entonces de una percepción subjetiva de inseguridad a la que había que dar respuesta. Según el protocolo, los policías solo pueden desalojar sin esperar medidas judiciales en caso de delito flagrante , tanto en un allanamiento de morada como en una usurpación.

Los afectados, que piden una ley antiokupas, aseguran que no se han tomado medidas y quienes sufren este delito acarrean secuelas materiales, económicas, físicas y psicológicas. En algunos casos llegan a una situación ruinosa para recuperar su propiedad. Tal es la frustración que, a la desesperada, han adoptado una curiosa iniciativa para visibilizar el problema. Decenas de perjudicados han escrito cartas individuales a los Reyes Magos donde les piden «un poco de justicia y el fin de su pesadilla». Hablan de okupación directa, inquiokupación y okupación vecinal y esperan tener «mejor respuesta» a sus cartas que las remitidas a todos los grupos políticos. Isabel, por ejemplo, pide recuperar las cenizas de su tío atrapadas en la casa ocupada por su cuidadora. Cristina quiere acabar su tratamiento psiquiátrico derivado de las amenazas de su okupa y que su hijo vuelva a la Universidad que debió abandonar. Mapi solo aspira a ejecutar la sentencia de desalojo que le da la razón. Todos buscan lo mismo: Justicia.