El Govern catalán pagó la renta mínima a 10.000 personas con contrato laboral a jornada completa

«Los hechos descritos evidencian que no se ha promovido un marco de transparencia, regularidad y buen gobierno en garantía de los financiadores públicos y, en último término, del interés general. Por este motivo, la Sindicatura considera que los pagos indebidos detectados no responden solo a errores administrativos, sino a problemas estructurales de transparencia y gobernanza». Así resumía el ente fiscalizador catalán una situación que a tenor de lo leído, y de informes anteriores, también de la Oficina Antifraude, bien puede calificarse de descontrol administrativo, asociado a un quebranto financiero de tamaño considerable.

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Elena Burés

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En concreto, uno de los casos detectados del descontrol hace referencia al cobro de la renta mínima garantizada que, entre marzo de 2020 y diciembre de 2022, fue una ayuda para un total de 75.455 titulares. De estos, 10.285 personas tenían un contrato laboral a jornada completa el mismo mes en el que cobraron la renta mínima, una situación que es incompatible, ya que la renta mínima es un complemento autonómico al ingreso mínimo vital nacional y que, en cualquier caso, no se puede recibir si se cobra el salario mínimo. La cifra de pagos indebidos se reduce a 1.958 personas durante más de cuatro meses seguidos, según detecta la Sindicatura.

El ente, siempre según su informe, pone sobre la mesa también una serie de duplicidades incompatibles. Es decir, que los receptores de ayudas reciben dos subsidios que un mismo titular no puede ingresar al mismo tiempo. Por ejemplo, un complemento de pensión no contributiva y la renta mínima garantizada (llamada en Cataluña: Renta Garantizada de Ciudadanía) o esta misma renta mínima y el complemento de pensión nacional.

En cualquier caso y aunque la Sindicatura señala que es «obligación de los beneficiarios» comunicar a la administración cualquier cambio en su situación personal que afecte a sus ingresos, «los mecanismos de control diseñados [por la Generalitat] no se han mostrado eficaces a la hora de prevenir, detectar y corregir errores en la gestión de las prestaciones que afectan al derecho a recibirlas». En concreto, el informe señala a la UTE formada por la Fundación Mercè Fontanilles y la Fundación Resilis.

A Hernández, en su comparecencia en el Parlament, le faltó recalcar que el descontrol detectado –en un periodo con responsables de Junts y ERC– no solo fue atribuible a las carencias informáticas, sino a la manera global de funcionar como mínimo negligente, en la que, además, se habrían favorecido con contratos discrecionales a algunas entidades en el entorno de la formación republicana.

La chispa que ha encendido la hoguera del escándalo fue la trama de pederastia liderada por un electricista, con una menor de edad tutelada por la Generalitat como víctima principal. El citado caso puso de nuevo sobre la lupa irregularidades contables y financieras en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), un organismo que el Govern de Salvador Illa se vio obligado a suprimir para proceder a una completa reestructuración. Un informe anterior de la Sindicatura había detectado mala praxis en su gestión entre 2016 y 2020, destapando que el organismo contrató por ejemplo 154 centros por el procedimiento de emergencia «sin que se diesen los motivos recogidos en las leyes de contratos para hacerlo». El consorcio pagó gastos por 12,57 millones «sin ningún amparo formal para hacerlo».

Pero los problemas en la Dgaia venían de antes. En 2017, quien estaba al frente de la entidad, un dirigente local de ERC, fue forzado a dimitir después de que CGT alertarse de que el organismo estaba favoreciendo algunos centros de menores con adjudicaciones a fundaciones vinculadas a trabajos anteriores del político de ERC.