La menor víctima de la red de pederastia huyó del centro de acogida y «no hubo ninguna actuación de emergencia» para que volviese

Fue sólo hace unas semanas, tras trascender la petición de prisión de la Fiscalía para el líder de la red -107 años de condena-, cuando el Govern anunció la apertura de un expediente informativo para analizar la actuación de la Dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) respecto a la menor. Las conclusiones provisionales del mismo reflejan que, aunque el centro educativo en el que estudiaba alertó a Servicios Sociales tras detectar «indicios de abuso sexual», lo que derivó en la interposición de una primera denuncia en mayo de 2021, «no fue suficiente para impedir» que siguiese siendo víctima del entramado de pederastas, ha admitido Martínez Bravo.

Tras esta primera alerta del colegio, se formó una «comisión socio-educativa», formada por la propia escuela, un pediatra, y los Servicios Sociales. La decisión que tomaron es que la niña ingresase en un centro de acogida, bajo la guarda de la Generalitat, pero sin retirar la tutela a los padres porque, ha apuntando la consejera, «estaban implicados» en su cuidado y la intención era que la familia «mantuviese el vínculo».

A pesar de esta intervención temprana, las conclusiones provisionales del expediente del Govern recogen cuatro «disfunciones» en el sistema de protección de la infancia de la Generalitat. «La primera, hubo un retraso en la activación del protocolo contra abusos sexuales». Y es que pese a la actuación del centro escolar, y el ingreso de la menor en un centro de acogida, la niña siguió siendo víctima de agresiones sexuales. «Es un proceso lento, la situación abusos no acaba de aflorar hasta meses después, en diciembre de 2021, cuando se activa el protocolo, más de un año después de la primera sospecha», ha admitido Martínez, que ha recordado que el caso es «anterior a sus responsabilidades en el Govern».

Tampoco se derivó la víctima a un «recurso especializado». Respecto a sus huidas del centro, por las que la menor acababa en el piso del depredador, desde la Generalitat defienden que es una «reflexión complicada» ya que los centros de acogida «no son prisiones» y «los adolescentes» que allí residen «no son delincuentes». Por lo que en este caso, «no se valoró» la medida de «privación de libertad» de la niña.

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Otra de las disfunciones detectadas en el abordaje de este caso es que sólo cuatro meses más tarde de que el progenitor denunciase que la menor había escapado del centro, el sistema de protección a la infancia archivó, en abril de 2023, el expediente de desamparo que había abierto sobre la niña sin ninguna resolución. No se tomó ninguna medida, y este acabó «caducando» un año más tarde. Así, ha apuntando la consejera, «faltó conciencia sobre el alcance de la red de pederastia que captó» a la víctima. Al respecto, ha tratado de justificar que la Dgaia «no tuvo acceso a los detalles de la investigación de los Mossos d'Esquadra», que desmantelaron la red y dieron cuenta de ello en una rueda de prensa en junio de 2024. También ha apuntando Martínez que la Generalitat no pudo acceder a la investigación judicial porque la víctima no estaba bajo tutela de la administración, sino bajo guarda.

Así, la consejera ha concluido que «el sistema protegió a la menor como pudo» y que «la actuación de los profesionales fue clave para destapar el caso, pero no fue suficiente. El sistema falló a la menor, y nada puede compensar el daño que sufrió en su adolescencia». Entre las medidas para tratar de evitar nuevos casos, Martínez Bravo ha anunciado la creación de una comisión mixta entre los Mossos y el recién refundado sistema de protección de la infancia en Cataluña, para «perseguir a este submundo de desalmados» y reaccionar «no sólo cuando ya hay una víctima» sino para «reforzar la detección precoz y los canales de denuncia». Así se optará por un espacio de trabajo conjunto, que permita desplegar un plan de protección integral en el ámbito digital frente a los abusos a la infancia. También campañas de sensibilización «masiva», e incluso el uso de la inteligencia artificial para la detección tanto de depredadores como de menores vulnerables.

«A nadie se le ocurriría dejar a una menor sola a las dos de la mañana en plaza Cataluña, y tampoco dejarle un móvil sin control parental, porque los riesgos de que sufra abusos son muy similares», ha sostenido la titular de Derechos Sociales.