La Sindicatura de Cuentas detecta más de 167 millones desviados a «pagos indebidos» de la Consejería de Derechos Sociales

Así, según la nota avanzada del informe, este concluye que «la falta de un seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones ha provocado la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos –167,56 millones de euros en el período 2016-2024–, para una parte de los cuales ha prescrito la posibilidad de tramitar su reintegro». Es decir, estos «pagos indebidos», que suman 7,17 millones, no se recuperarán para las arcas públicas de la Generalitat.

Para los síndicos, que han reconocido un gasto del departamento de Derechos Sociales durante 2022, año en el que hubo dos máximos responsables: Violant Cervera (Junts) y Carles Campuzano (ERC), de 3.095,72 millones de euros, aunque el analizado en el informe por las prestaciones económicas de derecho subjetivo se concreta en 978,29 millones de euros, hay materia denunciable.

«En el informe se señalan hechos que podrían ser perseguibles administrativa y judicialmente», siempre «respecto a la posible existencia de indicios de responsabilidades» y dejando claro que «la apreciación final únicamente pueden hacerla la jurisdicción y los órganos competentes para determinarla», advierten los síndicos en el texto.

Otra de las conclusiones hace referencia a que «el tratamiento de los casos señalados como pagos indebidos representa una carga administrativa importante y dificulta la gestión ordinaria de la prestación, a la vez que comporta costes también para las personas beneficiarias». Unos potenciales beneficiarios que, señala el informe, ya ven limitado su acceso a las prestaciones y cuya cuantía «es insuficiente» para protegerlos de «la pobreza».

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«Los tiempos dilatados en la gestión de las prestaciones, la falta de mecanismos de seguimiento y control, y la inexistencia de un marco de supervisión que garantice que se protege el interés general en todos los casos limitan la efectividad de la intervención», advierte la Sindicatura de Cuentas en el informe 6/2025 presentado por la síndica Maria Àngels Cabasés como ponente y aprobado por el pleno de la entidad fiscalizadora el 20 de mayo.

Además, también se señala que «el conjunto de las prestaciones económicas de derecho subjetivo no cuenta con un marco robusto que se base en la detección de necesidades, a partir del cual se recoja información útil para fundamentar la toma de decisiones sobre aspectos como las condiciones de elegibilidad, las cuantías de las prestaciones o el establecimiento de objetivos sobre el número de beneficiarios».

El informe apunta a dos grandes incoherencias, interna y externa. Por un lado, «el mapa de prestaciones es excesivamente complejo; algunas prestaciones podrían fusionarse sin que se vea afectada su intensidad protectora», «los recursos presupuestarios destinados a la concesión de prestaciones sociales de carácter económico son marcadamente insuficientes para combatir el problema» y «el volumen de recursos necesarios para dar respuesta a la pobreza severa se estima en cerca del doble del volumen asignado».

Por otro lado, los síndicos advierten: «No se observa una coherencia adecuada con las intervenciones en el territorio por parte de las entidades locales, que conceden prestaciones dirigidas a dar respuesta a situaciones de emergencia». Y apuntan un problema: «La introducción en Cataluña del ingreso mínimo vital, de competencia estatal, no ha supuesto una reducción del número de titulares de la renta garantizada de ciudadanía».

«No se ha fomentado una cultura de regularidad y transparencia en relación con las actividades financiadas con fondos públicos, ni un marco que garantice los principios éticos y de buen gobierno de imparcialidad, integridad y objetividad en la gestión de los recursos», finaliza el informe de la Sindicatura de Cuentas en su apartado de conclusiones sobre la gobernanza y la transparencia de la Consejería de Derechos Sociales.