Generalitat y Renfe sellan un acuerdo blindado para evitar discrepancias en la gestión de Rodalies

Aunque los detalles de la constitución de la nueva empresa se dieron a conocer la semana pasada, los Estatutos Sociales y el 'Acuerdo de Accionistas' -dos de los cinco documentos en los que se desarrolla el acuerdo y que ha podido consultar ABC- confirman que el traspaso entre el Gobierno y la Generalitat incluye un muy sutil juego de salvaguardas para que ni una ni otra parte puedan ejercer una posición dominante. Como explicaba a ABC uno de los implicados en la redacción de los acuerdos, «se ha tenido que hilar finísimo».

Así, y como ya se explicó, Renfe Viajeros -cuyo consejo de administración validará este viernes el acuerdo, mientras que ayer lo hizo Renfe Operadora- ostentará el 50,1 del capital de la nueva sociedad, mientras que la Generalitat tendrá el 49,9% restante. Esta mayoría por parte de Renfe contrasta con la posición de dominio que tendrá la parte catalana en el Consejo de Administración, de nueve miembros, cinco de los cuales de la Generalitat, incluido su presidente.

Este juego de equilibrios aceptado por las dos partes implica, como ya se explicó, que tanto Renfe como el Govern tendrán que poner de su parte para que todo transcurra con fluidez y no se llegue a una posición de bloqueo, algo que, por si acaso, queda reflejado en el 'Acuerdo de Accionistas«: »Las Partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para que la existencia de estos quórums no suponga en la práctica una paralización de la actividad empresarial ordinaria de la Sociedad«.

Los «quóroms» citados se refieren a la mayoría de tres cuartos en el Consejo de Administración necesaria para sacar adelante las cuestiones definidas como «estratégicas», una suerte de blindaje que se reserva Renfe para evitar que la mayoría de la Generalitat la deje sin capacidad de bloqueo en los asuntos clave.

Es por ello que las dos partes decidieron establecer con precisión qué se considera estratégico, algo que queda plasmado en los Estatutos Sociales. Por ejemplo, el «nombramiento y cese, en su caso, del consejero o consejeros delegados y de la comisión ejecutiva». También, de manera relevante, la formulación de las cuentas anuales o el plan de actuación anual. En la misma dirección, también requerirán el acuerdo de las dos partes, «las inversiones o desinversiones que superen el diez por ciento del activo». Por último, tampoco saldría adelante sin acuerdo «la aprobación de informes sobre modificaciones estatutarias» y la «modificación de las condiciones del convenio colectivo aplicable al personal de la sociedad», este último punto clave en tanto que afecta a una plantilla que se negó de plano a salir del paraguas de Renfe y perder con ellos derechos laborales.

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Como añaden a este diario fuentes implicadas en la redacción de los acuerdos, se ha pactado hasta la resolución de los desacuerdos, una forma que, partiendo de la mejor voluntad de ambas partes, tal y como desde la Generalitat y el Gobierno se quiso escenificar la semana pasada, anticipa posibles discrepancias y, por tanto, bloqueos.

En caso de que así sucediera, Renfe y Generalitat aceptan someterse a arbitraje, de acuerdo con las disposiciones vigentes en cada momento del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de la provincia del domicilio social, en este caso Barcelona.