Puente para la huelga al garantizar a la plantilla que Renfe controlará Rodalies tras el traspaso a Cataluña

Tras varias horas de negociación 'in extremis', el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, número dos del ministro Óscar Puente, ha ofrecido a los sindicatos las garantías de que tanto Renfe, como operador, como Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria, seguirán operando y administrando en esa comunidad a pesar de la transferencia de esta competencia. En realidad, Renfe constituirá una empresa filial donde la mayoría del capital (50,1%) de Rodalies Cataluña será de la propia Renfe Viajeros, pero el consejo de administración será de cuatro de Renfe y otros cuatro Generalitat, más un quinto por parte de Cataluña, que será presidente con voto de calidad. Y así, al formar parte del grupo ferroviario español, se aplicará su convenio colectivo, el acuerdo de garantías y todos los acuerdos laborales vigentes del Grupo Renfe. Este era el mayor temor de las organizaciones sindicales y los trabajadores.

El secretario de Estado de Transportes ha explicado en este sentido que será una «empresa mixta» la que tendrá participación en la Generalitat y tendrá participación Renfe Viajeros. «Es una empresa que va a hacer el servicio, va a constituirse a lo largo de este año», ha señalado Santano.

Mucho más matizada es la posición de Esquerra, el partido que pactó el traspaso con el PSOE a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Fuentes de la formación consultadas por ABC asumen que el acuerdo modifica lo pactado con los socialistas, pero que esta era la única manera de no abrir una guerra con los sindicatos que hiciese descarrilar el traspaso.

En este sentido, precisaron que la dependencia de la nueva sociedad Rodalies Cataluña de su matriz Renfe Viajeros será transitoria, y que aunque la compañía tendrá la mayoría del capital de la sociedad que operará en Cataluña, el poder de decisión quedará en manos catalanas, en tanto que los representantes de la Generalitat mantendrán la mayoría en el consejo de administración.

«Esquerra Republicana da un margen de dos años para encontrar los mecanismos adecuados de garantía de todos los derechos laborales a los trabajadores que deben permitir que la nueva compañía pase a estar adscrita a la Generalitat de Cataluña, procedimiento contemplado en el acuerdo entre los sindicatos y los gobiernos en el primer punto», ha apuntado la formación en un comunicado. Dicho primer punto señala que «la alteración de la participación accionarial se realizará con la participación de los representantes legales», algo a lo que se agarra ERC para señalar que el control de Renfe será transitorio.

«La nueva sociedad, más allá de su adscripción temporal al grupo Renfe para garantizar los derechos laborales, estará presidida por la Generalitat de Cataluña, dispondrá de la mayoría de su consejo de administración. Por tanto, la empresa dispondrá de la autonomía necesaria y la tutela del Gobierno de la Generalitat», añaden en ERC, que haciendo equilibrios reconoce que «de forma temporal, entendemos que la adscripción de la nueva compañía entre la Generalitat y el Estado al grupo Renfe es una opción que permite la pacificación de las relaciones con los sindicatos, al tiempo que presenta toda una serie de ventajas operativas y de aceleración del proceso de arranque de la nueva sociedad».

De alguna forma, en ERC se asume el acuerdo como un mal menor, insistiendo en que, a medio plazo, la sociedad acabará siendo 100% catalana, una salvedad que trata de salvar los muebles ante las críticas furibundas que seguro llegarán por parte de Junts ante lo que se leerá como un traspaso descafeinado.

Falta por ver si hay alguna modificación con respecto a los estatutos de la sociedad, que según lo pactado en el acuerdo político señalaba que aquellos acuerdos considerados «estratégicos» se tomarían a partir de una mayoría cualificada, lo que implica que Renfe en este caso se reserva una posición de bloqueo.La consecuencia de este acuerdo supone que el traspaso será mucho más descafeinado en la práctica de lo que aspiraban los independentistas en una de sus reivindicaciones históricas. Fuentes de la Generalitat valoran de manera muy positiva un acuerdo que, señalan, garantiza el traspaso y permite a los trabajadores ver preservados sus derechos laborales.