Equilibrio político en la nueva Rodalies que comenzará a funcionar en enero de 2026

No ha sido fácil, sobre todo por la oposición frontal de los trabajadores a perder derechos laborales, los equilibrios políticos y la complejidad técnica. Así, el acuerdo, como ya se avanzó hace pocos meses, establece que la mayoría del capital social de la nueva mercantil, 50,1%, será para Renfe, aunque la Generalitat «podrá instar a una transmisión de acciones» que altere el reparto en su favor. No obstante, tal y como consta en el acuerdo, y se reconoce desde ERC, ni hay fecha ni obligación para ello, y si se produce esta reclamación, la negociación contará con la participación de la representación de los trabajadores, lo que en la práctica hace que ello sea inviable.

Al margen de quien tenga la mayoría del capital social, «lo relevante es la gobernanza», insisten las partes en alusión al hecho de que la mayoría y la presidencia del Consejo de Administración corresponderán a la Generalitat (cinco miembros para la parte catalana, cuatro para Renfe). No obstante, ahí, tal y como quedaba fijado ya en el acuerdo político, se han establecido una serie de salvaguardas, de modo que las decisiones estratégicas en el seno del consejo deberán tomarse por una mayoría cualificada, es decir por consenso. No se ha detallado hoy qué se considera estratégico o no, sí en cambio se ha querido dejar claro esta mañana por las tres partes (Renfe, Generalitat y ERC) que el acuerdo fija que la voluntad sea la de la colaboración. «Nos mueve el interés común», subrayan las administraciones. «El poder de decisión queda en manos de la Generalitat», insisten en ERC ante la certeza de que desde Junts se pondrá precisamente el acento en lo que puede leerse como un traspaso no integral.

Los estatutos sociales fijan este equilibrio general, mientras que otro documento de los cinco que componen el acuerdo, «Acuerdo de accionistas», sí detallará con precisión qué decisiones dentro del consejo podrán adoptarse por mayoría simple y cuáles por mayoría cualificada. Fuentes conocedoras precisaron a ABC, por ejemplo, que toda decisión que implique un gasto superior al 10% del presupuesto tendría esa consideración.

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha celebrado la consecución de una «demanda histórica, la de gestionar desde la proximidad». «El objetivo es garantizar la calidad del servicio. La gestión desde el territorio es imprescindible», ha explicado reconociendo de manera implícita que la satisfacción de los usuarios, tras años de incidencias acumuladas, está por los suelos. La consejera ha celebrado el clima de colaboración con el Gobierno, citando como ejemplo el acuerdo para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona. No se plantea el Govern la posibilidad de que un cambio en el Gobierno de España pueda paralizar el acuerdo. «Habrá una empresa constituida, cualquier cambio implicaría el acuerdo entre las dos administraciones y el concurso de los trabajadores», ha precisado Paneque.

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ABC

Por su parte, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha hablado de «hito histórico». Santano ha subrayado que los trabajadores, por el hecho de que la empresa siga dentro del Grupo Renfe, tienen garantizados sus derechos de los trabajadores, tal y como se pactó en la desconvocatoria de huelga. También ha destacado que el hecho de que la nueva empresa tenga la mayoría del accionariado en manos de Renfe garantiza un traspaso mucho más rápido, una razón empleada también desde ERC para aceptar una circunstancia que podría leerse como una renuncia.

Antes de acabar el mes, los consejos de administración de Renfe Operadora y Renfe Viajeros (25 y 26 de junio) aprobarán los cinco documentos de que se compone el acuerdo (Estatutos, Memoria justificativa, Acuerdo de Accionistas, Plan de Acción y Memoria Económica), paso previo a la luz verde en el Consejo de Ministros y en el Consell Executiu de la Generalitat.