La Generalitat inicia el proceso para expropiar viviendas en 14 municipios para destinarlas a alquiler social
El Govern catalán dispondrá de cinco millones de euros para adquirir entre 50 y 70 residencias en las zonas con «más demanda de vivienda social»
Los ayuntamientos de Cataluña podrán iniciar desahucios de pisos ocupados conflictivos
El consejero autonómico Juli Fernàndez y Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, ayer, en Gavá (Barcelona)
El Govern catalán ha dado este martes el primer paso para expropiar viviendas en 14 municipios de la comunidad con el objetivo final de ampliar el parque de alquiler social que, según el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Juli Fernàndez (ERC), llegará a las ... 10.000 en los próximos años. Las poblaciones afectadas son Cornellá de Llobregat, Figueras, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallás, Reus, Roda de Bará, Rubí, Salt, Tarragona, Valls, Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú.
Fernàndez, tras la reunión semanal del Govern catalán, ha explicado que el ejecutivo regional se ampara en el artículo 15 de la ley 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, que se aprobó en el Parlamento de Cataluña con la oposición de Vox y sin la participación de CS. Según ha indicado el consejero, las viviendas afectadas deben estar inscritas en el Registro de Viviendas Vacías de la Generalitat y cuya titularidad es de grandes tenedores (mas de 10 viviendas).
Además, los 14 municipios en los que arranca este proceso, que puede finalizar con la expropiación, tienen firmados convenios con la Generalitat que ha «inspeccionado» las viviendas vacías (entre 2020 y 2022) y tiene un control y conocimiento sobre el terreno. El Govern actúa donde puede «incidir», ha defendido Fernàndez, que ha negado que esta medida -nunca aplicada en Cataluña- esté vinculada con las elecciones municipales del 28M.
De esta manera, el Govern empezará a enviar requerimientos a los grandes tenedores que tengan propiedades en el Registro de Viviendas Vacías de las 14 poblaciones citadas. Estos tendrán «un mes» para acreditar que las viviendas señaladas tienen residentes. Si no es así, se instará a los propietarios a que pongan las viviendas a disposición del alquiler social o se intentará llegar a un acuerdo de compra. En caso de que no se haga una de estas dos opciones, «se activará la expropiación» para que las viviendas acaben en manos del Instituto Catalán del Suelo (Incasol).
Para esta primera fase, el Incasol dispondrá de cinco millones de euros. El Govern ha calculado que con esta cantidad podrá adquirir entre 50 y 70 viviendas y las primeras expropiaciones se podrían llevar a cabo a inicios de 2024 con el objetivo de que, finalmente, estas residencias queden para uso de familias «vulnerables» en las zonas con «más demanda de vivienda social». De todas formas, Fernàndez ha asegurado que si hay más viviendas «susceptibles» de ser expropiadas, se ampliará el presupuesto.
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