La Junta confía a Indra la recogida de votos y los resultados electorales a través de un contrato de 5,1 millones

La Consejería de la Presidencia es la que coordinará todos los recursos, trámites y actuaciones necesarios de las duodécimas elecciones a las Cortes, que se celebrarán cuatro años después de las últimas del 13 de febrero de 2022, las primeras que se anticiparon respecto del calendario habitual y que han provocado que esta cita no coincida con las municipales como sucedía hasta entonces.

De esta forma, Presidencia ya tiene cerrado el contrato de servicios de recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados de las elecciones, que adjudicó mediante un procedimiento de negociado sin publicidad. El expediente se inició en julio y un mes después, en agosto, tras pasar por los servicios jurídicos, se autorizó la contratación por el Consejo de Gobierno, con cargo a los presupuestos de 2024, prorrogados para 2025.

Solo Indra presentó una oferta, a pesar de que la Junta invitó también a Ayesa Ingeniería y Arquitectura y Vector Software Factory. Su propuesta económica se ajustó al presupuesto de la Junta, si bien en los servicios complementarios de atención a la ciudadanía, comprometió un servicio de asistencia telefónica y un 'chatbot' web, así como de un método de transmisión del acta del escrutinio mediante una fotografía de calidad y un sistema de verificación con inteligencia artificial.

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El contrato incluye la gestión de los centros de datos, la formación de los representantes de la Administración Autonómica, las funciones de apoyo a las juntas electorales, la preparación y el apoyo en la transmisión de información a la ciudadanía durante el desarrollo de la jornada electoral, la gestión de la aplicación informática para el seguimiento de dicha jornada, el escrutinio provisional, la consolidación de los datos del escrutinio definitivo de las Juntas Electorales Provinciales, y la integración de estos datos en la web de la Junta.

Este expediente ya adjudicado tiene un plazo de ejecución de cinco meses, que se extiende desde la convocatoria de las elecciones hasta dos meses después de la publicación de los resultados definitivos en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Precisamente, en febrero de 2023, el Ministerio del Interior adjudicó también a Indra, participada por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el escrutinio de las elecciones municipales de ese año, así como las generales que se celebraron dos meses después, y las europeas de 2024 por un importe de once millones de euros por cada uno de los procesos electorales.

Igualmente, la Consejería de la Presidencia ya prepara futuras licitaciones, relacionadas con la adquisición de material, o el alta en la Seguridad Social y la contratación de seguros para los más de 40.000 miembros de mesa, titulares y suplentes que participarán en la jornada electoral prevista en Castilla y León. En conjunto, supondrán entre un millón y 1,5 millones de euros que irán viendo la luz en los próximos meses.

En concreto, se centrarán en el suministro de material de oficina y papelería, el centro de información y resultados, las actas provinciales, las instrucciones y cronogramas, los sobres especiales para voto extranjero y los 'kits' de voto accesible.