El consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha prometido «una intervención contundente» ante el «destrozo» sufrido por uno de los campamentos romanos del asedio de las Guerras Cántabras a la ciudadela fortificada cántabra de La Loma, ... junto a la actual localidad de Santibáñez de la Peña, al norte de Palencia, tras las zanjas abiertas por una excavadora en el yacimiento.
El terreno es propiedad de la junta vecinal de Las Heras de la Peña, no municipal, y fue ésta quien autorizó a una empresa gallega a plantar árboles en el enclave arqueológico catalogado, a pesar de que «es una obra ilegal totalmente» por ser un «terreno rústico de protección cultural, que no un BIC», explicaba a ABC Manuel Maza, al frente del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, que paralizó las obras en cuanto tuvo conocimiento de la intervención, aunque ya era tarde y el «destrozo» ya estaba hecho.
Gonzalo Santonja ha explicado que tuvo conocimiento del suceso el jueves por la noche y que en la mañana de ayer, viernes, el director general de Patrimonio, Juan Carlos Prieto, visitó el lugar, junto a la arqueóloga provincial y al delegado de Cultura en Palencia, para ver el alcance de lo que ha calificado como «un disparate tremendo»: «Es un castro cántabro que está rodeado por tres campamentos, uno principal y dos secundarios, y el primero de los secundarios es el que ha sido destrozado de manera irreparable», ha lamentado, destacando que el alcalde del municipio palentino «está desolado y no entiende» cómo se ha producido cuando no había «ningún permiso» para la obra.
«Prometo una intervención contundente porque no se puede admitir, disculpar ni justificar», ha añadido el consejero, para quien «parece mentira» que estas 'cosas' sigan sucediendo, recordando lo ocurrido con la calzada romana de Castrocalbón, en la provincia leonesa. «Afortunadamente suceden en pocas ocasiones pero es desolador y a mí me producen una impresión tremenda», ha continuado antes de insistir en que no entiende cómo ha llegado a ocurrir en una zona en la que «todo el mundo sabía» de la importancia e «interés arqueológico» de estos campamentos.
Para el consejero, que lo haga un particular «es censurable», pero en este caso que haya sido una junta vecinal, propietaria del terreno, «es un salto cualitativo inaceptable». Al respecto, ha explicado que la investigación del caso está en manos del Seprona de la Guardia Civil y que la «intención» de la Junta de Castilla y León «no es ir por la parte baja del espectro sancionador», cuyo máximo ha recordado que son 600.000 euros.
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