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Los dos funcionarios investigados por trato de favor a la asesina del niño Gabriel «no trabajan» ahora en la prisión de Ávila

El subdelegado del Gobierno en la provincia explica que se les acusa de un presunto delito de cohecho por otorgar ventajas a Ana Julia Quezada a cambio de «favores sexuales»

Investigan a dos funcionarios por dar acceso a un móvil en la cárcel a la asesina de Gabriel a cambio de sexo

Ana Julia Quezada al salir de la Audiencia de Almería, en una imagen de archivo EP
Miriam Antolín

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El subdelegado del Gobierno en la provincia de Ávila, Fernando Galeano, ha asegurado este martes que dos trabajadores de la prisión de Brieva han sido investigados por la Guardia Civil como presuntos responsables de un delito de cohecho al proporcionar «trato de favor» a la interna Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel, a cambio de recibir «favores sexuales». Además, ha informado de que ninguno de los dos empleados trabaja ya en esa cárcel.

Pese a no referirse directamente al nombre de la interna, sí ha precisado que los empleados son un funcionario de la prisión y otro en la categoría de personal laboral, que, según ha podido saber ABC, sería un cocinero del centro penitenciario que ya se habría jubilado.

La fase de investigación «ya ha concluido» tras tomar declaración a los propios trabajadores y a posibles testigos y el juzgado de instrucción ya ha recibido las diligencias, ha dicho Galeano. En concreto, ambos están en la condición «de investigados», ha detallado el subdelegado del Gobierno en la provincia abulense, quien ha indicado que ninguno de los dos se encuentra trabajando en este momento en la prisión de Brieva.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha explicado en un comunicado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila, encargado del caso, investiga a un único funcionario de la prisión de Brieva «por haber facilitado a una reclusa un teléfono móvil a cambio de favores sexuales».

Esas mismas fuentes han indicado que las «diligencias judiciales se incoaron a raíz de una denuncia de la Guardia Civil» y que el juzgado «sigue practicando diligencias para determinar si existen más implicados en los hechos denunciados».

Al parecer, la investigación arrancó hace aproximadamente un año tras la denuncia de la madre del menor asesinado en la que aseguraba que Ana Julia Quezada, que cumple condena de prisión permanente revisable desde 2019, disponía de un teléfono móvil en el interior de la prisión. Fue entonces cuando arrancaron las indagaciones y en se tomó declaración a los dos implicados y a posibles testigos de los hechos.

Precisamente, la madre de niño Gabriel, Patricia Ramírez, ha convocado una rueda de prensa en Almería este miércoles en la que se referirá a la citada investigación.

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