Investigan a dos funcionarios por dar acceso a un móvil en la cárcel a la asesina de Gabriel a cambio de sexo

Así lo reveló hace un año la madre de Gabriel, Patricia Ramírez. Precisamente, ha convocado una rueda de prensa para este miércoles en Almería en la que denunciará públicamente la situación de desamparo y desprotección institucional y judicial que padece. En la comparecencia, Ramírez abordará también lo que considera una «vulneración de derechos» en el marco del Estatuto de la Víctima, normativa europea y legislación afín, así como posibles irregularidades en el centro penitenciario donde cumple condena Quezada, y que podrían haber afectado a la integridad moral de la familia.

Los informes defienden que la condenada por el asesinato de Gabriel Cruz había mantenido sexo con trabajadores de la prisión y con el cocinero, relaciones que podría haber grabado con el teléfono móvil que le facilitaron para intentar «chantajear» a la dirección del centro penitenciario y conseguir así su traslado a Barcelona.

En concreto, según publica el diario 'El País', el juzgado investiga desde hace casi un año un posible delito de cohecho por parte de algunos funcionarios de la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) por este hecho. La información recoge que la declaración de un educador del centro penitenciario coincide con las de otras tres reclusas y la de una cuarta mujer, actual pareja de Quezada.

Además, en uno de los informes de la directora del la prisión, Laura Pérez, reconoce que tuvo «conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna» a través de un educador. «La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda», recoge el informe de la directora.

En España hay cuatro prisiones de mujeres. Supuestamente la intención de Quezada es lograr el traslado desde Ávila hasta Barcelona, esta última no depende de Instituciones Penitenciarias, ya que es la Generalitat de Cataluña quién tiene las competencias. Quezada estuvo poco más de un año en el centro penitenciario El Acebuche en Almería, en un módulo de mujeres. En diciembre de 2019 fue traslada hasta Brieva tras haberlo solicitado a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

Los dos trabajadores de la prisión de Brieva que han sido investigados han dejado de trabajar en el centro penitenciario. Según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, los dos trabajadores, un funcionario y otro personal laboral, han sido investigados por la Guardia Civil por «un presunto delito de cohecho por dar un trato de favor a una interna a cambio de recibir favores sexuales».

La Guardia Civil ya ha remitido las diligencias al Juzgado de Ávila, según ha indicado Galeano. Ahora será ahora este juzgado el que deba marcar las actuaciones a realizar con los implicados.

En mayo de 2024, en una comparecencia pública, Patricia Ramírez advertía sobre los tratos de favor en la prisión a Ana Julia Quezada. «Tiene un teléfono móvil en la prisión con el que está intentando grabar el documental, también sabemos que le están ayudando dándole dinero en los vis a vis», explicó.

En base a la información recopilada, la madre de Gabriel presentó una denuncia. «Nuestra fuente nos informa a finales de abril de que se han grabado a diferentes personas con testimonios que le favorecen. Hemos solicitado una investigación interna para que se depuren responsabilidades, tanto a su persona como a posibles funcionarios implicados», contó entre sollozos Patricia.

En junio comenzó su batalla contra los incumplimientos que se estaban cometiendo en la prisión de Ávila. Así llegó hasta el Senado y ante los miembros de la Comisión de Interior expuso las presuntas irregularidades. Ramírez logró parar el documental que una productora estaba realizando con grabaciones a la asesina de su hijo.

Patricia interpuso una querella a Ana Julia y de forma subsidiaria a Instituciones Penitenciarias en la que reflejó que la asesina de su hijo ha intentado grabar un 'true crime' saltándose las normas y utilizando unas comunicaciones que no son adecuadas para ello, además del ánimo de lucro. También, presentó una denuncia ante la Guardia Civil con una serie de hechos penales de gravedad que estaban sucediendo en la prisión de Ávila.