El bus gratuito para empadronados costará en torno a 65 millones anuales

El acuerdo, según Sanz Merino, se enmarca en «una política estructural, planificada y permanente del Gobierno autonómico para garantizar una movilidad accesible, inclusiva y sostenible en todo el territorio, con independencia del lugar de residencia». El coste anual será entre 60 y 65 millones de euros, ha detallado, para una actuación que «tiene vocación de continuidad», ya que existe la «voluntad política» de mantenerse en el tiempo. Precisamente, el consejero ha explicado que a pesar de que el Presupuesto de este año sea el prorrogado del ejercicio anterior, no hay problema para financiar la medida dado que la gratuidad no estará completamente extendida hasta el mes de noviembre por lo que la cantidad «es muy residual».

Sobre la existencia o no de reserva de asiento, como ocurre con los bonos en el transporte nacional, ha señalado que no se contempla ese sistema y los viajes son «ilimitados», si bien habrá un contacto permanente con los operadores, sobre todo donde haya más demanda, por si se produce alguna «disfunción».

En cuanto a la decisión de la Junta de no solicitar la bonificación tarifaria al Ministerio de Transportes, ha asegurado que la Administración autonómica asumirá el porcentaje, de forma que los ciudadanos «no van a notar nada». En este sentido, ha destacado que la aportación del pasado año del Ministerio fue de 3,8 millones de euros. Se solicitó la ayuda para el primer semestre de este año pero no se ha pedido para el segundo, que sería la mitad de dicha cantidad. De esta forma, ha insistido, la aportación ministerial no llega al seis por ciento. Si a eso se suma la «complejidad» del modelo y la segmentación de los usuarios el resultado ha llevado a la Junta a desistir de pedir esas bonificaciones, ha señalado.

Los menores de 15 años podrán solicitar a partir del 1 de junio la tarjeta Buscyl y desde el 1 de julio estará disponible para el resto de la ciudadanía. Se podrá obtenerse tanto en formato físico como digital para llevar en el móvil. Permitirá a las personas empadronadas en Castilla y León viajar de manera gratuita e ilimitada, mientras que los no empadronados podrán utilizarla como monedero electrónico para abonar sus trayectos. La solicitud se realiza a través de la web oficial www.buscyl.es, con atención y asesoramiento disponibles en el 012 y en el número directo del Centro de Control de Transporte de Castilla y León (887 88 15 69).

El despliegue se realizará de forma progresiva, de forma que desde el 1 de julio de 2025 estará operativa para menores de 15 años, y a partir del 1 de septiembre comenzará su funcionamiento en todas las rutas de transporte metropolitano para extenderse después al interurbano y llegar al 1 de noviembre con todo el proceso concluido.

El consejero de Movilidad ha contrastado la medida puesta en marcha por la Junta con las últimas decisiones del Ministerio, como la supresión de una decena de paradas del AVE en Sanabria, Medina del Campo y Segovia. En este punto, ha acusado a Renfe de «abandonar a los usuarios y a Castilla y León» al hacer un planteamiento «en función de donde estén». Ha rechazado, además, la oferta realizada por la compañía de que Diputación de Zamora y Junta financien un tren Avant para compensar la eliminación de frecuencias. «Es inaudito que quien ha creado el problema relegue a otras administraciones la solución y la financiación», se ha quejado.

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Precisamente, el pleno de la Diputación de Segovia ha acordado este jueves solicitar al Ministerio una solución «definitiva» e «inmediata» para recuperar las frecuencias y plazas recortadas. La declaración institucional fue aprobada por todos los grupos, incluido el socialista, algo que no ha ocurrido en las Cortes de Castilla y León con una iniciativa similar a la que el PSOE se opuso. En la capital segoviana han mantenido un encuentro, también por el mismo asunto, el alcalde José Mazarías y su homólogo en Medina del Campo, Guzmán Gómez. Ambos han firmado y remitido una carta para exigir una reunión y han acordado trabajar de forma coordinada para exigir la recuperación de las paradas, «estratégicas para los ciudadanos y el tejido empresarial local».