El empresario Tolo Cursach niega haber ofrecido dinero a testigos protegidos para que cambiasen su versión

El testigo protegido, extrabajador de la discoteca Tito's de Palma, afirmó meses atrás y ratificó ayer que en el citado establecimiento se habrían organizado fiestas con prostitutas y drogas en las que habrían participado policías locales. Tito's era una de las discotecas isleñas que hasta hace poco eran propiedad de Cursach. Según explicó también el mencionado exempleado, en los últimos meses habría recibido presiones para que se retractase de su testimonio inicial. Por su parte, el acusado negó ante la juez haber amenazado a dicho testigo.

La declaración de Cursach de este viernes se ha producido a través del sistema de videoconferencia , desde la cárcel de Alicante, en la que el empresario se encuentra en la actualidad. Inicialmente, Cursach no tenía previsto hacer esta mañana ninguna declaración, por consejo de sus abogados, pero la juez le ha recordado su obligación de declarar, porque de lo contrario podía incurrir en un delito. Finalmente, a preguntas de la defensa, Cursach ha negado que conociera al acusado o que se hubiera puesto en contacto con él para que amenazase a nadie.

Cabe recordar que el caso Cursach, que aún se encuentra en fase de instrucción, es una derivación de una macrocausa en la que desde hace cinco años el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán investigan la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma . Dicha trama también afectaría al mismo cuerpo en el municipio mallorquín de Calviá. Formarían también parte de la citada trama antiguos dirigentes locales del PP, funcionarios municipales y diversos empresarios, entre ellos el propio Cursach. Según los investigadores, el magnate mallorquín habría contado durante años con la «protección» de la Policía Local, de diversos cargos políticos y de funcionarios de Palma y Calviá, que habrían favorecido sus negocios a cambio de sobornos de distinto tipo.

Cursach se encuentra en prisión provisional desde el pasado 3 de marzo. En el auto dictado ese día por el juez se le atribuían al empresario hasta un total de 16 delitos, entre ellos los de cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas.

En ese contexto, cabe recordar que el pasado miércoles el Juzgado de lo Penal número 1 de Palma dictó una sentencia en la que condenó a Pedro Rosselló Cursach —sobrino de Cursach— a 15 meses de prisión y a una multa de nueve meses a razón de 20 euros diarios, como autor de un delito de obstrucción a la Justicia, en concreto, por amenazar a una testigo protegida.

En el fallo se acordó conceder a Rosselló Cursach «el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de 15 meses de prisión impuesta, condicionado a que no delinca en el plazo de dos años y seis meses, plazo que se computará desde la fecha en que esta sentencia devenga firme». El sobrino del ex «rey de la noche» se encontraba en la cárcel de manera preventiva desde el 18 de abril de este año.

Rosselló Cursach se había sentado en el banquillo el lunes de la pasada semana, en el primer juicio celebrado en el marco del caso Cursach. Rosselló Cursach, apoderado de las empresas del Grupo Cursach, se enfrentaba inicialmente a u na posible pena de tres años de cárcel por presuntas amenazas a una testigo . Durante el juicio, el sobrino de Cursach negó haber amenazado a dicha mujer, a quien recientemente había alquilado una vivienda. Por su parte, la declarante señaló ante la juez que habría empezado a recibir amenazas de todo tipo desde que meses atrás comenzó a declarar contra Tolo Cursach.

Esta testigo protegida es la misma persona que meses atrás denunció que Tolo Cursach habría financiado orgías con prostitutas, alcohol y drogas a dos ex altos cargos locales del PP de Palma , José María Rodríguez y Álvaro Gijón. Precisamente, Rodríguez y Gijón comparecieron el jueves de la pasada semana ante el juez Penalva para declarar en relación a esas supuestas fiestas sexuales. Los dos acudieron en calidad de investigados, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por un supuesto suministro de drogas, y un delito de cohecho, por la presunta aceptación de sobornos. Durante sus respectivas comparecencias, tanto Rodríguez como Gijón negaron con rotundidad haber participado en dichas orgías.