El juez decreta prisión para el presidente de una asociación de comerciantes que se vincula a Cursach

Esta resolución supone, por ahora, el último capítulo en el marco de las investigaciones que el citado juez y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán iniciaron en 2013 relativas a la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma, que también afectaría al mismo cuerpo en el municipio mallorquín de Calviá. Según Penalva y Subirán, formarían también parte de la citada trama, supuestamente, antiguos dirigentes locales del PP y diversos empresarios, entre ellos Tolo Cursach. Dicho magnate ha sido considerado a lo largo de las tres últimas décadas el principal empresario del ocio nocturno de Baleares.

Precisamente, en los últimos meses el Grupo Cursach y su hasta ahora propietario se han visto también afectados por diversas medidas judiciales. Así, Cursach fue detenido por la Policía el pasado 28 de febrero , junto con dos de sus principales colaboradores, Bartomeu Sbert y Antoni Bergas. Tres días después, el 3 de marzo, el juez decretó prisión provisional sin fianza para Cursach. Sbert ingresó también en la cárcel, mientras que Bergas quedó en libertad con cargos.

En el auto en el que el magistrado decretó el ingreso en prisión de Cursach, se le atribuían al empresario hasta un total de 16 delitos , entre ellos los de cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas.

Según el fiscal, Cursach habría contado durante años con la supuesta «protección» de la Policía Local, de diversos cargos políticos y de funcionarios municipales. Esa sería la razón por la que sus locales no solían ser inspeccionados . Además, las sanciones que se le imponían no solían ser ejecutadas. Por contra, las empresas competidoras de Cursach eran inspeccionadas muy a menudo por la Policía o multadas de manera muy severa, lo que en ocasiones provocó el cierre de varios de dichos negocios.

En ese contexto cabe situar la decisión tomada este viernes por el juez en relación a Tirado, amigo de Cursach . Según los investigadores, el presidente de Acotur habría extorsionado a comerciantes —en especial de Calviá—, exigiéndoles dinero a cambio de que dicha asociación no interpusiera denuncias o iniciase campañas contra ellos. El juez y el fiscal vinculan algunas de las actuaciones presuntamente delictivas del hasta ahora responsable de Acotur con un supuesto apoyo de Cursach a las mismas.