La Audiencia Nacional impone investigar si hubo presiones al abogado de Bárcenas para silenciarle

En un auto notificado este viernes, los magistrados de la Sección Tercera atienden al recurso que interpuso la Fiscalía Anticorrupción cuando el juez Manuel García Castellón, que había decidido analizar este asunto en una pieza separada porque la investigación sobre Kitchen ya estaba a punto de finalizar, dio carpetazo por falta de indicios sin practicar las diligencias que se le venían pidiendo.

Cuando el 10 de febrero de 2022 decidió investigar lo que le remitía Marbella, dictó un auto que refería indicios «de un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y su letrado entonces en el caso Gurtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario».

Noticia Relacionada

El juez ordena abrir el archivo histórico de cintas de Villarejo

Isabel Vega

Da un mes a Ciberdelincuencia para desprecintar las cintas analógicas y los CD que se incautaron en su vivienda

Sobra recordar que la Fiscalía Anticorrupción siempre ha sostenido que Kitchen, un presunto operativo parapolicial con objetivo de sustraer a Bárcenas documentación comprometedora y por el que ha sido procesada la cúpula de entonces del Ministerio del Interior, procedía en realidad de fuera del departamento. Sospechaban que se había impulsado desde el Partido Popular, pero la entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal, fue exonerada en una resolución que confirmó la Sección Tercera, la misma que ahora obliga a investigar este otro asunto.

Abiertas las diligencias, Asuntos Internos emitió informe sobre los audios enviados en 2014 al abogado identificando a las personas que intervenían y también a H.S., la persona en cuyo domicilio fueron intervenidos los correos electrónicos. Resultó que su nombre aparecía en las agendas del comisario José Manuel Villarejo relacionado con «supuestos pagos recibidos por Gómez de Liaño que podrían resultar comprometedores» y de los que también se hablaba en la conversación grabada, por la posibilidad de que los utilizasen «como elemento de presión».

«Asimismo, se pusieron de manifiesto las gestiones realizadas en 2014 por el propio Villarejo con H.S. para obtener información sobre dichos supuestos pagos. Tales gestiones habrían sido referidas, al menos parcialmente además, por el propio investigado en conversación mantenida con Francisco Martínez», resume el auto de la Sala.

Se refiere al entonces número dos del Ministerio del Interior. Está procesado por su presunta participación en la operación Kitchen. Había un elemento más: en casa del abogado de las empresas del comisario se encontró una denuncia que H.S. había presentado en su día en Marbella.

Eran demasiadas coincidencias y en un inicio, se incorporó este asunto a las pesquisas sobre Kitchen. Asuntos Internos identificó a los tres intervinientes en el audio, de los que se presumía habían recibido ese supuesto encargo de «personas vinculadas al Partido Popular» y poco más se avanzó.

El pasado 30 de noviembre el juez dictó un auto que acordaba sacar este asunto de Kitchen, que ya va casi camino de juicio, e incardinarlo en una pieza nueva del caso Villarejo, la 36, para archivarlo sobre la marcha. «Revisadas las actuaciones se constata que la vinculación referida no resulta tal», concluyó.

Anticorrupción criticaba que llegase a esa conclusión sin practicar más diligencias y que lo hiciera además en una pieza nueva cuando, si no tiene relación con Kitchen, no puede seguir esta investigación dentro del contexto del caso Villarejo. Y la Sala de lo Penal, aunque está de acuerdo en que se llevasen los audios a otra pieza «para no entorpecer» el remate de Kitchen, le da la razón en que hay que seguir investigando.

«Habiendo diligencias de investigación de posible práctica en esta pieza separada número 36 como las indicadas por el Ministerio Fiscal -tomar declaración a los intervinientes en el audio, entre otras-, el sobreseimiento provisional acordado por el instructor (...) debe reputarse prematuro y deberá ser revocado», concluyen los magistrados .