El juez ordena abrir el archivo histórico de cintas de Villarejo

La resolución, a la que tuvo acceso ABC, accede al desprecinto de los casetes y los CD, aunque marcando reglas estrictas, como que habrá de hacerse en presencia del letrado de la Administración de Justicia y por una unidad policial «que cuente con absoluta autonomía funcional respecto del equipo investigador» en la causa, Asuntos Internos, y en un plazo determinado.

En concreto, da un mes, aunque prorrogable, a la unidad de Ciberdelincuencia para abrir la caja etiquetada como «Evidencia BE38», y volcar los contenidos a formato digital mientras el funcionario del juzgado certifica que se ajustan en su literalidad a los originales. Se harán dos copias de seguridad y se volverán a guardar los originales como «piezas de convicción».

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Después será el turno del equipo investigador, que habrá de peinar la información obtenida «al objeto de seleccionar aquellos programas, ficheros o datos que pudieran tener una relación directa con los hechos objeto de investigación en la presente causa». Tendrán tres meses para hacerlo, también prorrogables, con la obligación de ir enviando informes periódicos sobre los hallazgos al juzgado.

El juez prevé dos posibilidades más. Si se encuentran «hechos nuevos que pudieran ser constitutivos de infracción criminal distinta a la que es objeto de la autorización», los investigadores deberán comunicarlo «inmediatamente a la autoridad judicial» para que acuerde lo que considere. Si lo que se encuentran son vías de acceso telemático a otra información, y subsisten «razones fundadas para considerar que los datos buscados están almacenados en otro sistema informático», los agentes podrán cruzar esa puerta, pero siempre que esos datos sean «lícitamente accesibles».

«Se dará cuenta al juez de los criterios empleados en orden a la búsqueda selectiva de información, determinando, concretamente los elementos de imputación que se hayan encontrado en dichos dispositivos y aquellos otros elementos que aun teniendo relación con la investigación puedan afectar a la privacidad de las personas, evitándose cualquier actividad prospectiva o que pueda comprometer a los derechos fundamentales de los investigados», concluye la orden del juez.

Estas cintas tienen miga, según viene alegando el propio José Manuel Villarejo. Ya desde prisión venía reclamando primero, que se abriesen y escuchase su contenido y después, que le fuesen devueltas porque están datadas antes del año 2000 y gozan de «un evidente valor histórico».

Su defensa apunta a contenidos relativos a asuntos como los GAL o el 23F. De hecho, en un largo escrito al juzgado fechado en noviembre de 2020 el comisario hablaba incluso de que con su contenido, se podrían incoar otra veintena de piezas separadas de investigación. Era su forma de abundar en la tesis de que aquello por lo que ha sido imputado en la Audiencia Nacional y que le tenía entonces en la cárcel y ahora, pendiente de sentencia, era lo que había estado haciendo toda la vida por encargo de distintos gobiernos.

Sin embargo, ha sido ahora cuando han cobrado importancia en el Juzgado Central de Instrucción número 6 a raíz de la toma de declaración a Javier Gómez de Liaño en calidad de perjudicado ante la posible existencia de un complot del que sería conocedor Villarejo y que le habría dejado en su día fuera de la carrera judicial por el caso Sogecable. El comisario, en otro de sus escritos al juzgado, había denunciado que recibió un encargo del gobierno que en la época lideraba Felipe González. En las últimas semanas se ha practicado en la Audiencia Nacional la audición de cintas que podían contener información al respecto.

Pese a que se trata de hechos difícilmente perseguibles, de ser ciertos, porque datan de los años noventa, en una de las piezas separadas de la causa se están recopilando supuestos proyectos del comisario que pudieran haber sido delictivos aunque hayan prescrito. Tal y como reveló este diario, se trata de reconstruir la presunta organización criminal que aprecian en este caso los investigadores. Asuntos Internos, de hecho, lleva tiempo enlistando todos los indicios de proyectos del comisario que encuentra en la documentación. Van más de setenta, aunque de algunos no consta el importe o que llegasen a realizarse.

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Su defensa viene sosteniendo que la causa es prospectiva por diligencias como esta. En la Sala de lo Penal le han dado la razón una vez: se iban a desentrañar diez años de actividad de todas sus empresas recabando el modelo correspondiente de Hacienda para, mirando los ingresos, rastrear esos encargos. El tribunal entendió que era excesivo y ahora se mira uno por uno y sólo en el lapso temporal para el que hay sospecha.