El insólito pleito que sienta ante el juez a tres obispos por 8 millones de euros en obras de arte

El pleito viene de lejos. Se remonta al año 1995 , cuando decenas de parroquias aragonesas que habían estado adscritas a la Diócesis de Lérida pasaron a depender de su diócesis geográfica natural, la oscense de Barbastro-Monzón. Las parroquias volvieron a Aragón, pero no su arte, esas 111 piezas que, entre finales del siglo XIX y principios del XX, el entonces obispo de Lérida había decidido trasladar a Lérida desde aquellas parroquias aragonesas.

En 1999, las 111 piezas que estaban en esta diócesis catalana pasaron a engrosar el Museo de Lérida, regida por un consorcio cuyo patronato controla la Generalitat y del que forma parte el propio Obispado ilerdense. Por entonces, la Diócesis de Barbastro-Monzón ya llevaba tiempo reclamando esas obras de arte. Y, a la vista de ello, la Generalitat decidió catalogarlas como patrimonio cultural catalán, para blindarlas e impedir que, en el futuro, pudieran salir de Cataluña aunque los juzgados –eclesiásticos o civiles- sentenciaran que esas piezas son aragonesas y deben volver a Aragón.

Aquella maniobra surtió efecto durante años. De hecho, fue en lo que se escudó el Obispado de Lérida para no cumplir las sentencias canónicas que, reiteradamente desde hace más de diez años, le han ordenado entregar esas obras de arte a Aragón. Eso sí, ese argumento ya no le sirve, porque hace varios años que el Tribunal Supremo dejó sentado que aquella catalogación de la Generalitat es papel mojado, que no tiene validez porque no se ajustó a la legalidad. Pero, pese a ese fallo del Supremo, Cataluña ha seguido reteniendo los «bienes de la Franja» y la justicia vaticana ha visto cómo sus sentencias no han sido cumplidas por los sucesivos obispos que han estado al frente de la Diócesis de Lérida.

Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede reconocen que en los litigios que afecten internamente al a Iglesia –caso de este pleito entre dos diócesis por una colección de arte sacro- tiene jurisdicción propia. Es decir, tiene autonomía para que esos litigios sean resueltos por la jurisdicción canónica. Y, además, las sentencias que dicten esos tribunales eclesiásticos tienen plena validez en el ordenamiento jurídico español.

Por eso, cuando arrancó este conflicto hace más de 20 años , se dirimió en la jurisdicción canónica. Lo que no se podían imaginar en la Diócesis de Barbastro-Monzón es que, 20 años después, tendrían que acudir a la justicia civil porque los tribunales de la Iglesia han sido ignorado por otra diócesis.

A Lérida se le ha requerido insistentemente desde la jurisdicción canónica, sin efecto práctico alguno en este particular. En 2001, la Signatura Apostólica dio la razón a Barbastro-Monzón: en septiembre de 2005, la Congregación de los Obispos volvió a sentenciar a favor; en abril de 2007, lo mismo por parte del Tribunal de la Signatura Apostólica de la Santa Sede; en 2008, el Tribunal de la Rota se pronunció en idéntico sentido; y ese mismo año, 2008, la Nunciatura de la Santa Sede en España hizo que el obispo de Lérida firmara un acuerdo en el que se comprometía a devolver de inmediato esas obras de arte a las parroquias de la Diócesis de Barbastro-Monzón. En realidad, sin embargo, ninguna de esas disposiciones se ha cumplido.

Hartos de esperar que se haga efectiva la justicia de sus propios tribunales eclesiásticos, la parte aragonesa optó por acudir a la justicia civil y presentó la demanda que ahora le toca resolver al juzgado número 1 de Barbastro. Los demandantes son el Obispado de Barbastro-Monzón y el Gobierno aragonés; los demandados, el Obispado de Lérida y el Consorcio del Museo ilerdense en el que siguen retenidas esas 111 obras de arte. Es una colección que, según un informe del propio Museo de Lérida, tienen un valor de mercado que supera los 8 millones de euros.

Este jueves, en la primera sesión del juicio , están llamados a declarar los actuales obispos de Lérida y de Barbastro , Salvador Giménez y Ángel Javier Pérez Pueyo, respectivamente. También ha sido c itado como testigo el obispo emérito de Barbastro-Monzón , Alfonso Millán, además de otros responsables diocesanos, conservadores del Museo de Lérida y especialistas.

Pese a la acumulación de sentencias eclesiásticas sobre este asunto, el caso de los «bienes de la Franja» este juicio civil arranca desde cero. Los tribunales canónicas ya dijeron hace años, una y otra vez, que no hay duda de que esas obras de arte son, a todos los efectos, propiedad única y exclusiva de las 44 parroquias aragonesas que las reclaman, todas ellas pertenecientes a la Diócesis de Barbastro-Monzón.

Pero ahora el asunto se ve en la jurisdicción civil, y «todas esas sentencias canónicas no vinculan al juez», explica el abogado Jorge Español , que forma parte del equipo jurídico que dirige el letrado Joaquín Guerrero Peyrona y que defiende al Obispado de Barbastro-Monzón. Ahora bien, «una cosa es que esas sentencias canónicas no vinculen al juez, y otra que el juez las ignore, porque evidentemente tienen un gran significado» , explica Jorge Español, que fue el abogado que defendió a la parte aragonesa en otro conflicto por el arte oscense retenido en Cataluña, el de los «bienes de Sijena» , que en 2017 volvieron a Aragón tras ser intervenidos por la Guardia Civil en el Museo de Lérida –después de que éste se negara a entregarlas voluntariamente como le habían exigido los jueces de forma reiterada-.