Quim Torra, presidente de la Generalitat
Quim Torra, presidente de la Generalitat - Efe
Tribunales

Torra sale en auxilio del Obispado de Lérida, contra Aragón, en el pleito por los «bienes de la Franja»

La Generalitat pide suspender el juicio en el que Aragón reclama las 111 obras de arte sacro retenidas en Cataluña desde hace décadas y en contra de la voluntad de sus dueños

ZaragozaActualizado:

Un año después de que arrancara en la jurisdicción civil el pleito por los «bienes de la Franja», y a menos de 15 días de que se celebre el juicio, la Generalitat de catalana ha salido en auxilio del Obispado de Lérida frente a la reclamación aragonesa, que exige las 111 obras de arte sacro que llevan años retenidas en Cataluña en contra de las sentencias eclesiásticas que ya resolvieron en su momento sobre este litigio entre la Diócesis de Barbastro-Monzón (Huesca) y la de Lérida. Los servicios jurídicos de la Generalitat, que preside el independentista Quim Torra, ha pedido que se suspenda el juicio, que se aplace el procedimiento y que se le tenga como parte demandada junto al Obispado ilerdense.

Esas 111 obras de arte sacro aragonés acabaron en Lérida porque, antiguamente, las parroquias aragonesas a las que pertenecen estaban adscritas a la Diócesis leridana, que decidió trasladarlas y agruparlas en esa capital catalana. En 1995, el Vaticano reordenó el mapa eclesiástico y esas parroquias oscenses pasaron a depender de una diócesis aragonesa, la de Barbastro-Monzón. Pero sus obras de arte no volvieron.

Desde el primer momento, la parte aragonesa reclamó esas piezas, pero Lérida nunca lo ha aceptado, pese a que los propios órganos judiciales eclesiásticos reconocieron en firme que esas obras de arte son propiedad de las parroquias oscenses y que les deben ser devueltas. A lo largo de los años, han sido múltiples los pronunciamientos de órganos eclesiásticos en este sentido, pero con nulo resultado práctico porque no se han cumplido esas órdenes de devolución.

En 1999, cuando Aragón ya había empezado a reclamar los conocidos como «bienes de la Franja», la Generalitat trató de blindarlos en su favor. Los catalogó como piezas del patrimonio cultural catalán y los consideró como colección inescindible. Sin embargo, en 2014 el Tribunal Supremo dejó sin efecto aquel acuerdo de la Generalitat, al subrayar que unos bienes que están en depósito no pueden ser catalogados con el objetivo de impedir que su legítimo propietario pueda recuperarlos cuando lo desee.

Museo diocesano controlado por la Generalitat

Esas 111 obras de arte permanecen retenidas en el Museo Diocesano de Lérida. Allí fueron depositadas en su día por el Obispado de Lérida, que a su vez forma parte del consorcio que dirige este museo, consorcio que está presidido y controlado por la Generalitat.

A la vista de que las sentencias vaticanas y las órdenes de las autoridades eclesiásticas no se han cumplido y las obras no han sido devueltas a Aragón, la Diócesis de Barbastro-Monzón optó por pedir amparo a la jurisdicción civil. Hace más de un año presentó la correspondiente demanda, poco después de que Aragón consiguiera recuperar otra colección que llevaba años retenida en Cataluña, los conocidos como «bienes de Sijena».

El litigio que está ahora en marcha se sigue en los juzgados de Barbastro, que fijaron para el próximo 16 de mayo la celebración del juicio que ahora pretende suspender la Generalitat para incorporarse a la causa frente a los intereses aragoneses y, por tanto, al lado de la Diócesis de Lérida. Alega la Generalitat que, de lo contrario, se le provocaría indefensión.

El equipo jurídico del Obispado de Barbastro-Monzón, que lidera el letrado Joaquín Guerrero y en el que colabora el abogado Jorge Español –que también llevó el caso de Sijena-, consideran que esta maniobra de la Generalitat es «una estrategia para entorpecer y dilatar al máximo la previsible victoria aragonesa en este litigio». Consideran que es improbable que el juez suspenda el juicio, como pide el Gobierno catalán. Y reprochan a la Generalitat que intente hacer ver que no se ha enterado de este litigio que arrancó hace un año, cuando tanto el Obispado de Lérida como el Consorcio del Museo ilerdense son las partes demandadas, y es precisamente la Generalitat la que preside y controla ese consorcio.

«Si la Generalitat no ha comparecido antes no ha sido porque no conociera la pendencia de este asunto. No pueden alegar desconocimiento de este procedimiento judicial cuando figura como demandado desde hace un año un consorcio museístico que preside la Consejería catalana de Cultura», indica Jorge Español.