Demoledor auto del juez del caso Gali contra los intentos del Gobierno de torpedear la investigación

La Abogacía del Estado, dirigida orgánicamente desde el Gobierno, ha asumido la defensa de la exministra Arancha González Laya y de quien era su jefe de gabinete, el diplomático Camilo Villarino . Son, de momento, los dos imputados por el juez Lasala en una investigación que apura al Gobierno y compromete de lleno al presidente Pedro Sánchez .

Las pruebas documentales y testificales que ha acumulado el juez en sus más de cuatro meses de investigación han permitido confirmar que esa operación clandestina fue diseñada por el Gobierno para acoger furtivamente en España a Gali, que estaba incurso desde hacía años en investigaciones penales en nuestro país por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, entre otros. Gali llegó en estado muy grave y fue ingresado con identidad falsa en el hospital de Logroño, con la activa implicación del Ejecutivo regional de la socialista Concha Andreu .

La abogada designada por el Gobierno, que ha llegado a pedir que se censure la información sobre este caso , lleva semanas intentando torpedear la investigación del juez Lasala en varios frentes. De una parte, con esta fallida solicitud de sobreseimiento. De otra, tratando de expulsar del proceso a las acusaciones populares.

En su respuesta a la abogada del Estado, el magistrado indica que no hay duda de que el Gobierno, con esa operación, cometió una «transgresión» del reglamento europeo de fronteras, el llamado Código Schengen. Gali y su hijo fueron introducidos sin someterlos a los preceptivos controles de pasaportes, y el único documento de identidad que quedó registrado –el que se usó para ingresarlo en el hospital de Logroño– era un pasaporte falso, en el que Gali se hizo pasar por un tal Mohamed Benbatouche, «embajador retirado» . Ese falso pasaporte fue fabricado en Argelia el mismo día que Gali fue introducido en España junto a su hijo, el pasado 18 de abril . Por tanto, cuando el Gobierno de Sánchez ya había cerrado la operación clandestina para acoger clandestinamente a Gali, en coordinación con las autoridades argelinas.

El juez pone en evidencia la interesada interpretación que la Abogacía del Estado hace del Código Schengen . Le advierte que, en la legislación vigente, no hay un asidero capaz de justificar esa clandestina introducción de Gali en España, tampoco en el supuesto de «motivos humanitarios». Y es que –recuerda el juez–, el Código Schengen obliga a que en estos casos el Estado que acoge –en este caso España– comunique al resto de socios la identidad de la persona acogida. En este caso, indica Lasala, «se ha reconocido» que el Gobierno no lo quiso hacer, «de forma deliberada», con el fin garantizar la entrada clandestina de Gali.

El magistrado concluye que el cúmulo de indicios hacen pensar que hubo «una vulneración frontal» de las leyes de fronteras. Indica que, además, eso ocurrió con un individuo incurso en causas penales que estaban en vigor en España. Y, respecto a la utilización de pasaportes falsos, advierte que eso no solo implica a Gali sino también «a quienes hubieran consentido la utilización de cualquier documentación falsificada» .