El tenso cara a cara entre la exministra Laya y el juez del caso Gali

Arancha González Laya, imputada por la entrada clandestina en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali , se negó a contestar al juez sobre quién fue el responsable último de esta operación, y quiénes participaron en su ejecución en el seno del Gobierno. La exministra se encuentra imputada por haber activado el plan desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde donde su entonces jefe de gabinete, Camilo Villarino, se encargó de coordinarlo con el Estado Mayor del Ejército del Aire. Gali entró por la Base Aérea de Zaragoza, el 18 de abril, sin ser sometido a los controles de pasaportes y fronteras, para que no quedara registrada su incursión en España.

La extitular de Exteriores inició su declaración advirtiendo de que no iba a contestar las preguntas de los abogados de la acusación, aunque sí las del Ministerio Fiscal y las del abogado del Estado que la asiste. En sentido, dejó claro que como exministra tiene una «obligación de reserva» marcada por la ley de secretos oficiales del Estado. «No digo esto para no se detallada en mi declaración, pero sí proteger delitos superiores como la defensa y la seguridad de los intereses de nuestro país . Por tanto, me acogeré al deber de reserva cuando entienda que su vulneración me pondría a mi en una situación complicada», dijo Laya en la sala.

Preguntada por las razones de la entrada de Gali y si detrás de la operación había motivos humanitarios o estratégicos, Laya explicó que no es algo inusual, tanto en su mandato como en el de sus predecesores. «Esta no es la única cuestión humanitaria que yo he tenido que tratar en año y medio como ministra (...) Es frecuente que España, que es conocida internacionalmente por su comportamiento y actitud en cuestiones humanitarias, sea llamada a hacerlo», declaró Laya ante el juez. En ese sentido, además, la que fuera ministra de Exteriores reconoció que el hecho de que Argelia solicitara la asistencia a Brahim Gali no es lo habitual. «Es cierto que es un poco más excepcional que sea un país tercero quien pida esa ayuda», añadió. Informa Ignacio S. Calleja

La exministra insistió en que esa operación clandestina fue «un acto político» que, a su juicio, queda al margen del orden administrativo. Sostuvo, además, que el Gobierno está legitimado para este tipo de decisiones.

Laya dijo no saber nada de la documentación falsa con la que Gali fue registrado en el hospital de Logroño , donde ingresó para curarse de Covid. Y afirmó que tampoco sabía que el líder del Frente Polisario, cuando fue introducido furtivamente en España, estaba incurso en causas penales investigadas por la Audiencia Nacional. «No hicimos el control de pasaporte por la excepcionalidad de la situación. Nos guiaba la buena fe», insistió la exministra

El juez zaragozano Rafael Lasala investiga esa entrada furtiva de Gali al haber apreciado en ella indicios de delito. En concreto, por prevaricación, falsedad documental y encubrimiento . De momento están imputados Laya y Villarino, pero la investigación se extiende ya al Ministerio del Interior, alcanza al de Defensa y acecha a la exvicepresidenta Carmen Calvo, porque consta que, un par de días antes de la llegada del líder del Polisario, desde su gabinete se interesaron por cómo se estaba cociendo la operación.