La Abogacía del Estado exige censurar la información del caso Gali

Tanto Laya como Villarino están siendo defendidos por la Abogacía del Estado. En concreto, por María del Mar González Bella , que ha sido la letrada designada por el Gobierno. Acaba de presentar un recurso, al que ha tenido acceso ABC, con el que pretende que la Audiencia Provincial de Zaragoza obligue al juez instructor del caso Gali , Rafael Lasala , a impedir que se informe libremente de los datos que está poniendo al descubierto la investigación.

González Bella ya ha instado en varias ocasiones al juez Lasala a impedir la libre información sobre el caso, pero el magistrado no ha aceptado las pretensiones de la abogada designada por el Gobierno. Quejosa, la abogada del Estado lo intenta de nuevo, pero ahora con un recurso de apelación que deberá resolver la Audiencia Provincial de Zaragoza. En él vuelve a cargar contra el juez Lasala . Le responsabiliza de esas «filtraciones» por su «consentimiento o beneplácito», al no haber adoptado medidas ni reprendido a los abogados de las acusaciones populares.

Entiende la abogada del Estado que se están produciendo «continuas filtraciones a la prensa, de manera parcial y tergiversada además», pero, de todas las noticias que han trascendido, no ha detallado cuáles han sido «tergiversadas» o no ajustadas a la realidad .

En cualquier caso, dice la abogada del Estado que las noticias que están trascendiendo constituyen «un inadmisible juicio paralelo», dice que esto vulnera «el derecho fundamental de los investigados», y alude en su defensa a la doctrina del Tribunal Constitucional.

En su recurso carga también, y especialmente, contra el abogado Antonio Urdiales , que ejerce una de las dos acusaciones populares en este proceso y que fue precisamente quien activó el caso Gali con una denuncia que presentó en mayo. La admitió a trámite el juez Lasala, que apreció indicios de delito en la entrada furtiva de Brahim Gali en España.

La abogada del Estado también ha intentado sin éxito, en varias ocasiones, que el juez expulsara del procedimiento a las acusaciones populares. El magistrado ni aceptó esta petición ni la que formularon las acusaciones, que consideraron improcedente que la defensa de Villarino y Laya la asuma la Abogacía del Estado. El juez tampoco ha querido imponer fianza alguna a los acusadores populares del caso Gali.

Pero la abogada del Estado vuelve otra vez a la carga por esta vía, y en este nuevo recurso que acaba de presentar aspira a que la Audiencia Provincial expulse a las acusaciones populares o, en su defecto, les imponga una fianza de 150.000 euros para que puedan seguir personadas en el caso Gali. Una cuantiosa fianza podría forzar a que las acusaciones se retiraran, lo que allanaría el archivo de las diligencias.

El abogado Antonio Urdiales ha afirmado a ABC que la pretensión de la letrada del Estado, por la fianza que exige para condicionar la acción popular, «no tiene antecedentes en la justicia española ni europea». Y ha reprochado a la letrada designada por el Gobierno que pida la expulsión de las acusaciones para, a renglón seguido, reconocer que sí están legitimadas para ejercer la acción popular si son capaces de aportar una fianza de 150.000 euros. «Es decir, no lo supedita al cumplimiento de la legalidad, sino a una cantidad dineraria», critica Urdiales.

Por otra parte, este abogado va a pedir que se amplíe la investigación para depurar responsabilidades en la cadena de mando que impidió que Gali fuera sometido al control de pasaportes y fronteras en la Base de Zaragoza, complejo militar que comparte espacios con el aeropuerto civil. El líder del Polisario viajó en un avión del Gobierno de Argelia.

Urdiales va a pedir que sean identificados y llamados a declarar los policías que estaban en el puesto de fronteras del Aeropuerto de Zaragoza cuando llegó Gali, y los agentes que, en su caso, les impidieron cumplir con su función ordinaria de control de pasaportes. El caso alcanza de lleno tanto al Ministerio de Defensa como al de Interior.