Suiza reitera que no extradita por «delitos políticos» pero analizará la orden contra Marta Rovira

«Como en el caso (Anna) Gabriel, también se aplica a todos los demás políticos catalanes que vienen a Suiza el principio de que este país, al igual que la mayoría de los demás Estados, no concede ninguna extradición por delitos políticos», señaló el portavoz del Departamento Federal de Justicia, Folco Galli.

El portavoz no pudo confirmar que Suiza ha recibido la orden internacional de detención dictada el viernes por el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena contra Rovira, a la que atribuye un papel «esencial» en la coordinación del «procés» independentista catalán y a la que procesa por presunta rebelión.

«Puesto que las órdenes internacionales de detención son confidenciales y están sujetas al secreto profesional, el Departamento de Justicia no puede confirmar la recepción de una eventual solicitud » por parte de España, señaló Galli.

En cualquier caso, dijo el portavoz, el Departamento de Justicia suizo «tendría que analizar en profundidad la motivación de una eventual solicitud internacional de detención y aclarar sobre todo si las actuaciones de las que se les acusa a las personas afectadas constituyen delitos políticos».

El Gobierno suizo ya había dejado claro en las últimas semanas que no extradita a personas por presuntos «delitos políticos», aun cuando el delito del que se les acusa existiera en el Código Penal. Lo hizo con respecto a la exdirigente de la CUP Anna Gabriel , quien huyó el mes pasado de la Justicia española a Ginebra y para la que la Fiscalía había pedido una orden internacional de detención.

El juez Llarena no la dictó finalmente, sino que se limitó a una orden de detención nacional. Tampoco activó el viernes una orden internacional de detención contra Gabriel, a la que procesa finalmente por el presunto delito de desobediencia y no por rebelión.

El Gobierno helvético también indicó el pasado día 15 -ante la petición de la Fiscalía española al Ministerio de Interior de que consultara a Suiza sobre la posibilidad de detener y extraditar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y a la exconsejera Meritxell Serret con motivo de su reciente viaje a Ginebra- que «no había base» para ello.

En Suiza son considerados delitos políticos únicamente los crímenes de lesa humanidad , genocidio, crímenes de guerra y actos especialmente reprobables, como un secuestro de un avión o la toma de rehenes. Lo único comparable con el delito de rebelión del que se acusa a Rovira en el Código Penal suizo es el artículo 265 sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece «una pena privativa de al menos un año» para aquel que cometa actos tendentes «a modificar por la violencia la Constitución helvética o la Constitución de un cantón».

Lo mismo se aplica para quienes «derroquen por la violencia a las autoridades políticas instituidas por la Constitución o les impida mediante la violencia ejercer su poder» o «separen con violencia una parte del territorio suizo de la Confederación Helvética o una parte del territorio cantonal de un cantón».