Llarena procesa a 25 altos cargos por el «diseño criminal» del 1-O

Ese «diseño criminal», que todavía sigue latente, según el magistrado, se saldó ayer con el procesamiento de 25 de los 28 investigados y la entrada en prisión de otros cuatro exconsejeros de Puigdemont y de la expresidenta de la Cámara autonómica Carme Forcadell. Con ellos ya son nueve los líderes independentistas que están en la cárcel. De esta forma, Jordi Turull, candidato a la presidencia de la Generalitat, ya no podrá asistir hoy a la segunda votación del debate de investidura.

Cuando el auto de procesamiento sea firme, dentro de unas semanas, Junqueras, Turull, Rull y Romeva serán suspendidos automáticamente como cargos públicos sin que sea necesario esperar a la inhabilitación de una futura sentencia.

En una resolución extensa y contundente, fruto de cinco meses de investigación, el magistrado considera que ya hay indicios sólidos para llevar a juicio a trece de los procesados por un delito de rebelión, el más grave que se contempla contra las instituciones del país. Nunca en democracia un gobierno autonómico había estado tan cerca del banquillo de los acusados por una ofensiva como la vivida en Cataluña durante los últimos cinco años.

Puigdemont y ocho miembros de su antiguo gobierno han sido procesados por este delito (los huidos, en rebeldía), junto con los líderes independentistas de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente; así como Forcadell y la líder de ERC Marta Rovira, quien ayer se dio a la fuga para no asistir a su cita con el magistrado pasando así a integrar la lista de prófugos, que ya suma siete. Contra seis de ellos el juez LLarena reactivó ayer las órdenes de busca y captura internacional correspondientes, una vez que los sólidos indicios que la investigación ha permitido acreditar con el procesamiento facilitan la entrega por parte de los países en los que se encuentran huidos.

Además, el delito de malversación es el denominador común no solo para los exconsejeros procesados por rebelión, sino también para los que no lo han sido por ese delito y sí por desobediencia: Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santiago Vila y los huidos Meritxell Serret y Lluis Puig. Este último delito se le atribuye también a la prófuga Anna Gabriel y a Mireia Boya, ambas dirigentes de la CUP . Por su parte, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, y la expresidenta de la Asociación de Municipios Independientes (AMI) Neus Lloveras se han librado de todos los cargos.

El núcleo central de procesados por rebelión -Puigdemont y ocho consejeros, los «Jordis», Forcadell y Rovira- se enfrentan a hasta 25 años de cárcel, a los que hay que sumar la malversación (hasta ocho años) que se atribuye a los exconsejeros, si se considera finalmente como un delito independiente y no una agravante de la propia rebelión, como apunta Llarena. Los más afortunados, procesados solo por desobediencia, afrontan una pena de multa de tres a doce meses, con lo que no pisarán la cárcel. Es el caso de la exportavoz de la CUP Anna Gabriel -cuya huida a Suiza hace un mes apuntaba a que probablemente esperaba un castigo mayor- o el de los miembros de la Mesa del Parlament.

El juez fija una responsabilidad civil de 2,1 millones de euros , que deberá ser prestada de forma solidaria por los 14 miembros del ejecutivo catalán, es decir, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comin, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.

En el auto de procesamiento el juez habla de un concierto entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de su plan rupturista. Para Llarena, la hoja de ruta de la desobediencia parte del Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, presentado públicamente por Artur Mas en septiembre de 2014, un documento que proclamó la legitimidad del proceso de autodeterminación.

Ese libro, dice el magistrado, contempló distintos procedimientos para la creación del nuevo Estado en función de que la independencia pudiera alcanzarse mediante un marco de colaboración negociada con el gobierno español o que, por el contrario, se desplegaran instrumentos de oposición a la independencia por parte del Estado. «No era la independencia la consecuencia de una falta de negociación con el Estado, sino el objetivo que pretendía alcalnzarse en todo caso, primero mediante un acuerdo pactado y, en caso contrario, de manera unilateral y fozando al Gobierno (central) a asumir una situación de hecho que buscaba crearse», explica el juez.

A lo largo de la resolución, de 69 folios y plagada de indicios, el instructor desgrana cómo el «concierto de actuación ilegal» se fue ampliando desde los partidos independentistas a entidades soberanistas y cómo el Parlamento, cuya acción se atuvo a la hoja de ruta previamente establecida «desobedeció al Tribunal Constitucional de manera tenaz y perseverante».

«Pese a las reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad de las distintas iniciativas parlamentarias (...) los órganos ejecutivos de la Generalitat continuaron con la permanente y obsesiva actividad para crear las denominadas estructuras de Estado así como para divulgar su proyecto e impulsar el mayor apoyo que pudiera obtenerse de la comunidad internacional».

Hubo un reparto de roles, señala el juez, entre exconsejeros, parlamentarios y líderes independentistas. Se trataba de impulsar la mayor aceptación social de las iniciativas secesionistas, favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era viable, y, por último, buscar «una intensa movilización ciudadana que favoreciera que el Estado terminara por aceptar la independencia de Cataluña ante las vías de hecho que se desplegaron».

En este contexto se enmarca el asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía en Barcelona, donde l legaron a concentrarse 60.000 manifestantes . Es aquí donde el juez pone el foco del delito de rebelión. «La muchedumbre actuó como una masa de fuerza que, además de destrozar los vehículos policiales, atacó bienes personales”, dice el juez.

Ese 20-S anticipó el riesgo de violencia que podía producirse en el referéndum ilegal, un aviso que no frenó a los líderes independentistas, quienes asumieron así que, si había violencia, aunque no fuera deseada, sería un medio inevitable para alcanzar su fin ilegal. Tras aquel día, los procesados por rebelión «se representaron que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse», advierte el magistrado.

«Impulsar a todos ellos a que hicieran frente al amplio despliegue policial que tenía la orden judicial de impedir la votación del 1 de octubre y a que defendieran el recuento de la votación supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado».