Los Mossos recibieron órdenes de boicotear el mandato judicial para evitar el 1-O

Pablo Llarena indica en los antecedentes de hecho de su auto que «el largo e intenso esfuerzo» del Parlamento de Cataluña y la Generalitat «por llevar a término el proceso de independencia, en el que el referéndum del 1-O era un elemento esencial, así como su nulo respeto a la ley y a las decisiones de los tribunales en este proceso, no invita a pensar que los responsables de la Generalitat asumieran que la policía autonómica -dependiente de ellos- pudiera frustrar su proyecto».

De esta manera, el juez del TS parte de la reunión mantenida el 28 de septiembre (solo tres días antes del 1-O) entre los máximos responsables policiales de los Mossos y Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. En este encuentro, los mandos policiales advirtieron a los dirigentes de la Generalitat de que lo recomendable era «eludir la votación» del 1-O para evitar «una escalada de violencia, con brotes importantes de enfrentamiento».

Sin embargo, los responsables políticos «tuvieron que cursar a la policía autonómica la orden de no impedir la votación» y, así, los jefes policiales, haciendo caso a esta exigencia, «diseñaron un mecanismo de actuación que impedía que un agente de los Mossos d’Esquadra pudiera cumplir la decisión judicial de un modo real o eficaz». Llarena indica que a los responsables políticos no les importó aceptar la violencia que se pudiera derivar porque «el referéndum se haría pese a todo».

Según el auto del juez instructor -basado en «un conjunto de elementos» fácticos-, en otra reunión, también celebrada el 28 de septiembre, Diego Pérez de los Cobos, coordinador operativo de las fuerzas policiales encargadas de cumplir el auto judicial que impedía el 1-O, relató que tanto los políticos de la Generalitat como los jefes de los Mossos «ponían el acento, no en la decisión del juez de cerrar los centros de votación (...), sino que velaran porque la votación se desarrollara sin enfrentamientos». De hecho, Llarena sostiene que la actuación de la policia autonómica fue «ineficaz» y, entre otros ejemplos, recuerda que se mivilizaron 7.000 agentes cuando en las elecciones normales lo hacen más de 12.000.