Ofensiva contra el Tribunal de Cuentas para salvar a los independentistas del embargo

Las presiones desde el Gobierno al Tribunal de Cuentas continuaron ayer, mientras que el Partido Popular advirtió de que no permitirá la renovación de este órgano fiscalizador si Pedro Sánchez no garantiza la independencia judicial. El mandato del Tribunal de Cuentas caduca los próximos 17 y 18 de julio. Su renovación estaba incluida en las negociaciones que han llevado a cabo el Gobierno y el PP de manera irregular en los últimos dos años y que saltaron por los aires cuando desde La Moncloa se mostró su nulo interés en reforzar la independencia judicial, requisito imprescindible para los populares.

Fuentes del PP explicaron a ABC que no ven «oportuna» la renovación del Tribunal de Cuentas en este momento, al tener fundadas sospechas de que el Gobierno pretende formar un órgano a su medida para desactivar la investigación contra la «corrupción» de los independentistas y «desempedrar» así el camino.

Se refieren a las polémicas palabras el pasado viernes del ministro de Transportes, José Luis Ábalos , cuando aludió a las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas como «piedras en el camino» para el diálogo con el Gobierno de Cataluña. El presidente del Gobierno manifestó ayer en la Ser su «absoluto respeto» por la labor de este tribunal. Y aseguró que «nunca» han dado ni van a dar «instrucciones» desde el Gobierno. «Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas no es un órgano judicial, es una instancia administrativa. Ahora mismo siguen los procesos de trabajo, no hay resolución en firme, y esas resoluciones se pueden recurrir ante los tribunales», expresó el presidente del Gobierno. «A partir de ahí, tendremos que respetar lo que se resuelva por parte de esta instancia que no es judicial sino administrativa», siguió.

Por su parte, en TVE, la ministra de Igualdad, Irene Montero , abogó por «eliminar» las causas contra los independentistas para «dejar protagonismo absoluto» a la «política, el diálogo y el acuerdo». Según recogió Europa Press, Montero lo defendió de la siguiente forma: «Permítame que sea prudente, creo que es mejor hacer que decir, pero soy bastante clara cuando digo que soy partidaria de eliminar todo lo que no sea eminentemente, protagónicamente político».

En todo caso, el Partido Popular negociará la renovación del Tribunal de Cuentas dentro del mismo paquete en el que incluye el Consejo General del Poder Judicial. Según advirtió ayer Pablo Casado , hoy mismo se sentaría a hablar si el Gobierno se compromete de forma expresa a garantizar la independencia judicial. Pero después de comprobar de lo que es capaz Sánchez para obtener el apoyo de sus socios, en Génova se ponen en el peor escenario. Creen que el Gobierno hará todo lo posible por contentar a los independentistas y evitar su embargo, y utilizará la renovación del Tribunal de Cuentas para acusar al PP de bloqueo.

«El escenario es similar al que utilizaron con el Consejo General del Poder Judicial», comentan los populares. Así, ven al Gobierno capaz de promover un cambio legislativo que le permita renovar el órgano fiscalizador sin contar con el PP. Y en ese caso, los populares actuarían de nuevo con una denuncia en Europa. El Tribunal de Cuentas tiene un mandato de nueve años, y sus doce miembros se eligen por una mayoría de tres quintos en el Congreso (seis consejeros) y en el Senado (otros seis). Según apuntan en la oposición, los partidos siempre se han tomando con calma su renovación: entre dos años y un año y medio en las dos últimas ocasiones. Por eso, las prisas que vieron ayer en el Gobierno para proceder al relevo de los consejeros solo se la explican por su necesidad de «querer cambiar la acción de la Justicia cambiando los jueces, y así allanar el camino a los independentistas». «Es un hecho gravísimo», subrayó Casado. Las fuentes del PP consultadas criticaron que Sánchez se refiriera a este Tribunal como un órgano «administrativo». «Es un órgano jurisdiccional, el tribunal funciona como un juzgado, dicta sentencia y por tanto lo que pretenden es un ataque a la independencia del Poder Judicial», denunciaron.

El juicio que se abre hoy, con las notificaciones, sobre las facturas no justificadas de la acción exterior independentista lo dirige la magistrada Margarita Mariscal de Gante . Después, se podrá presentar un recurso de apelación ante una Sala que está formada por tres consejeros, dos de ellos elegidos por el PSOE ( Felipe García Ortiz y María Antonia Lozano ) y uno por el PP ( José Manuel Suárez Robledano ). Precisamente, el PP cree que no fue baladí el mensaje que lanzó ayer Sánchez cuando dijo que la decisión era «recurrible». También cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Desde el PP se lanza esta advertencia al Gobierno: «Una vez que se ha abierto el procedimiento jurisdiccional, con la designación del consejero que actúa como juez, cualquier intento de cambiarlo con el solo objeto de que se nombre un juez 'ad hoc' más proclive a una determinada posición es una actuación cercana a la prevaricación».

Los populares denuncian que pretender modificar el   sistema de mayoría s para la elección de los consejeros del Tribunal sería un intento de colocar a consejeros más afines a los partidos «y esto afectaría a los consejeros que deben juzgar abusos e ilegalidades en el uso de los fondos públicos». Es decir, cambiar el sistema de mayoría tiene por único objeto en este caso, según el PP, que partidos como ERC y Junts puedan nombrar a sus propios consejeros «y así cambiar al juez que ha sido designado de manera aleatoria por el turno que correspondía y poder nombrar a otro más favorable».

Para Casado, la conclusión de todo este enredo que tiene como objetivo el Tribunal de Cuentas es clara: después de indultar a los independentistas «delincuentes», Sánchez pretende ahora «que sean los españoles los que paguen su corrupción y malversación de fondos públicos». «¿Pero esto qué es, Venezuela, Nicaragua o Cuba?», se preguntó el líder del PP, que ve «inadmisible» la presión del Gobierno.