El incumplimiento del estado de alarma suma ya más de 6.000 detenidos y 600.000 sanciones

Tal y como se observa en el mapa superior, Aragón, con un total de 100.728 propuestas de sanción, es la comunidad autónoma que acumula más demandas tanto en términos absolutos como en relación a su número de habitantes, con un 7,63% de su población que habría sido sancionada. Desde el ministerio del Interior, aseguran a ABC que «aún no cuenta con una explicación estadística» para determinar el porqué de este un número tan elevado. En el extremo opuesto se sitúan Asturias, País Vasco y Galicia donde las propuestas de sanción no alcanzan ni al 1% de sus habitantes.

En lo que se refiere a las detenciones, en términos absolutos, Madrid (935), Comunidad Valenciana (915) y Andalucía (830) han sido las tres comunidades que han registrado el número más alto. No obstante, si ponemos el número de detenidos en relación a la población, Melilla, con 86,71 por cada 100.000 habitantes, encabeza el ranking. Por detrás se sitúa Ceuta (57,79) y de nuevo Aragón con 48,35.

Por su parte, las regiones donde se han practicado un menor número de detenciones desde que se declarara el estado de alarma han sido Asturias, Galicia y Navarra con menos de siete detenidos por cada 100.000 habitantes.

Por días, desde que se ofrecen datos, el día el 26 de marzo fue el que presentó mayor actividad delinquiva con 35.832 propuestas de sanción y 266 detenciones.

Pese a las elevadas cifras que acumulan algunas comunidades, las autoridades policiales han señalado de manera reiterada que «la mayoría de los españoles está cumpliendo con lo establecido por el real decreto del estado de alarma» , no obstante lamentan que existan «insolidarios» que burlan los controles o que aprovechan la situación para delinquir, en algunos casos por reincidentes.

No obstante, ante el volumen de multas han surgido críticas desde el ámbito jurídico y de algunas ONG, cuestionando el mecanismo del Ministerio del Interior para sancionar a los ciudadanos durante el estado de alarma. El último en mostrar sus dudas ha sido el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán: «El objetivo es llevar a cabo un análisis global del régimen sancionador durante el estado de alarma, con el fin de compulsar si se ha actuado de manera correcta y proporcional», señalaba el viernes.