El Gobierno aprueba el decreto de Justicia gracias a ERC y con el voto en contra de Ciudadanos

Esta vez, al contrario de lo que sucedió la semana pasada en la cuarta prórroga del estado de alarma , Ciudadanos (Cs) ha votado en contra y ha marcado distancias con el Ejecutivo, confirmando su vocación de ir «votación a votación» en la nueva etapa inaugurada bajo el mano de Inés Arrimadas .

Ha sido ERC, que se opuso a la prolongación del estado de alarma, quien ha garantizado los votos necesarios para aprobar el real decreto. Esto dibuja un escenario que abre al Gobierno dos alternativas en el horizonte: buscar mantener los socios que le auparon al poder, o mirar hacia su derecha y recoger la mano tendida por Cs para negociar y pactar las distintas medidas para paliar los efectos del Covid-19 .

En el ámbito de la Justicia, en el debate del real decreto defendido esta tarde por el ministro Juan Carlos Campo , el Gobierno ha recuperado la mayoría fundamentada sobre los socios de la moción de censura y de la investidura. El titular de Justicia ha presumido de negociación y de «consenso», pero distintos grupos de la Cámara Baja han criticado su escasa voluntad de aceptar peticiones de la oposición.

El ministro comenzaba el día con la aprobación del real decreto en el aire, ya que ni ERC ni Cs habían desvelado su posición, pero el «sí» de los republicanos hizo suspirar al Ejecutivo. Con la abstención de al menos uno de esos dos grupos le era suficiente. El PNV , clave también en el respaldo a la prórroga del estado de alarma, ha vuelto a posicionarse junto al Gobierno. Mientras que el PP, Vox, Junts per Catalunya y la CUP también han votado en contra.

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal , ha sido muy crítico en su intervención con el contenido del real decreto y con la incapacidad del ministro de aceptar dos simples modificaciones que, considera, atienden a las reclamaciones del mundo judicial. «Nadie está contento con su plan. Le invito que se baje de su coche oficial y me acompañe a Plaza de Castilla y vea cómo se trabaja en los juzgados», le ha espetado.

Muy duro ha sido también José María Sánchez García , diputado de Vox , que ha advertido al ministro de que no acude a la Cámara Baja a «implorar, exigir ni chantajear», sino a ser controlado. Además, ha lamentado que de todas las propuestas de la oposición solo haya aceptado cuatro del PNV.

Por su parte, el popular Carlos Rojas ha suavizado el tono y ha adquirido un semblante conciliador y de mano tendida, pero le ha reclamado al ministro que, «por muy difícil que sea el consenso», al menos intente dialogar sinceramente con la oposición. El diputado del PP , por otra parte, sí le ha reclamado que no «calle» ante los ataques del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a la Justicia.

Aunque desde el Ministerio se había anunciado que este decreto era fruto del consenso entre los distintos operadores jurídicos, lo cierto es que asociaciones judiciales, fiscales, abogados y funcionarios de la Administración de Justicia aseguraron haberse enterado de las medidas concretas reguladas en ese real decreto horas antes de su aprobación. Sí estaban al tanto de esas conversaciones Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía y representantes de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia transferidas, como la Comunidad de Madrid. El propio Juan Carlos Campo quiso destacar el papel proactivo del consejero Enrique López en relación a este decreto para evidenciar la contradicción que supone que no sea apoyado por el Grupo Popular.

Consciente de que uno de los temas más espinosos del real decreto iba a ser la habilitación de buena parte del mes de agosto, Justicia pactó hace unos días con el CGPJ, abogados y procuradores que los jueces puedan coger sus vacaciones durante ese mes y que en la medida de lo posible el número de señalamientos durante esos días sea el mínimo posible.

Junto a esta habilitación del mes de agosto, el decreto de Campo introduce otras novedades, como dos turnos de trabajo (de mañana y tarde) con los que se trata de garantizar la distancia de seguridad entre los trabajadores e introducir señalamientos en jornada vespertina o celebración de juicios, vistas y declaraciones con medios telemáticos, siempre que se disponga de ellos, salvo en los procedimientos penales de delitos graves, en los que la «presencia física del acusado resulta necesaria».

Otra de las grandes novedades del real decreto es la de reiniciar los plazos, es decir, poner el contador a cero, en los escritos que haya que presentar en los juzgados una vez que le levante la suspensión de plazos procesales y administrativos, lo que permitirá ganar tiempo y espaciar el volumen de escritos que está previsto que entren en los Tribunales. Sin embargo, la interpretación que sobre este particular ha hecho la Fiscalía General del Estado va a crear confusión y numerosos recursos de las defensas en causas que ahora están en instrucción. Y es que un informe de la Secretaría Técnica el órgano asesor de Dolores Delgado interpreta que este reinicio de los plazos es aplicable también a las causas que se están investigando en la actualidad, y en las que regían plazos (de seis meses para las simples y 18 para las complejas en su tramitación). Poner el contador a cero implica en la práctica neutralizar los efectos de ese artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal implantado con el anterior Gobierno y criticado por buena parte de la carrera fiscal. de recursos, la norma señala el reinicio del cómputo de los plazos para que éstos se puedan presentar en un plazo más prolongado de tiempo.

El decreto regula como un procedimiento especial y preferente asuntos que tienen su origen directo en la crisis sanitaria, como la compensación en regímenes de visitas o custodias compartidas interrumpidas por el confinamiento o la modificación de pensiones alimenticias al haber cambiado las condiciones económicas de los progenitores. Tendrán también esa tramitación preferente los procedimientos relacionados con menores, arrendamientos o despidos, entre otros.