Montoro garantiza haber estrangulado la financiación del referéndum catalán y asegura que no habrá consulta

Los certificados se elaboran de manera individualizada desde cada departamento autonómico y remiten a la Intervención General de Cataluña, por lo que están elabordos por los funcionarios y firmados por los consejeros y el vicepresidente. El falseamiento de la información tiene consecuencias penales y en ello se ha apoyado Montoro para garantizar la veracidad de su contenido. «Con toda seguridad no va a haber referéndum porque no va a haber presupuesto», ha aseverado.

Y es que el ministro está convencido de que si se produce un desviación presupuestaria desde alguno de los departamentos, los certificados lo recogerían. En ese momento, el Gobierno «se vería obligado a actuar» y aplicar las medidas coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para corregirla. Serían «proporcionales» a la gravedad de la desviación y aunque incluyeran la suspensión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), Montoro ha garantizado también que la financiación de los servicios públicos fundamentales estaría blindada. La Generalitat tiene que enviar estos certificados a Hacienda desde el pasado 20 de julio cuando la Comisión Delegada decidió aumentar la vigilancia presupuestaria sobre Cataluña para evitar que su gobierno dedique fondos a la consulta.

«Los mismos que están hablando todos los días de que van a votar el 1 de octubre son los que dicen cada semana que no han gastado nada para el referéndum. Ni un euro del presupuesto se ha destinado a día de hoy a financiar el referéndum del 1 de otubre. No deja de ser paradójico que se promueva una actuación sin presupuesto», ha abundado Montoro ante los grupos de la oposición, incluidos representantes de ERC y PDeCAT. Comparecía en el Congreso a instancia de Podemos y los grupos independentistas para explicar lo que consideran el «ataque» del Gobierno a los servicios públicos catalanes por la posible la suspensión del FLA si la Generalitat incurre en gastos para el referéndum.

Pero Montoro ha subrayado que ese ataque no existe ya que al estar cumpliendo la Generalitat las condiciones exigidas, el Fondo de Liquidez sigue operativo y la financiación del Estado sigue fluyendo hacia Cataluña. En esta línea, sí ha denunciado que la Generalitat está empleando un doble lenguaje , político por un lado y presupuestario por otro, incongruente. «No sé cómo se hacen unas elecciones sin un presupuesto, no sé cómo se pueden hacer, ni existe un lugar en el mundo desarrollado dónde se hacen unas elecciones sin ningún presupuesto público», «Van a hacer una cuestación, una aportación individual», se ha preguntado en tono jocoso.

El portavoz de Ciudadanos, Francisco de la Torre, sin embargo, no está tan convencido como Montoro. Ha pedido a Hacienda que envíe a Cataluña una misión de control de la Intervención General del Estado , tal y como prevé la legislación vigente, para controlar que efectivamente no está habiendo desviaciones de dinero. «Hay que establecerse sallí», ha urgido, considerando que no hay «una garantía absoluta» de que el dinero no se está empleando en el referéndum ya que los certificados están siendo emitidos por personas «comprometidas con la independencia».

Montoro le ha garantizado que el Gobierno no va a dudar en usar todas las herramientas que tiene en su mano para impedir que la Generalitat destine «un solo euro» a la consulta, pero ha insistido en la veracidad de los certificdos por estar elaborados por los funcionarios, aunque sean remitidos después por los consejeros.

La secretaria general del Grupo Socialista Meritxell Batet no ha entrado en este debate, pero sí ha criticado al FLA por suponer un mayor control sobre las comunidades autónomas y ha exigido a Montoro un nuevo modelo de financiación autonómica, recordando que se encuentra pendiente desde 2014. «Esta revisión es imprescindible para corregir los desequilibrios detectados durante el quinquenio previo en cuanto a los ingresos que proporciona y los gastos que han de sufragarse», ha aseverado.

El portavoz de En Comù-Podem, Xavier Domènech, ha considerado que la actitud del Gobierno es «injusta» y «estúpida» además de una irresponsabilidad política. Ha ponosticado que si la Generalitat quiebra por la suspensión del FLA, ello afectará al resto del Estado, mientras Antoni Postius, diputado del PDeCAT ha asegurado que si la Generlitat aún no ha gastado nada en el referéndum es porque aún no existe un «marco legal». A su juicio, el Gobierno no logrará evitar la consulta y ha reclamado una negociación.

Por su parte, la diputada de ERC Ester Capella ha considerado el plan del Ejecutivo como una «amenaza» que hace «la mala gente». Ha aseverado que los catalanes encontrarán la forma de llevar a cabo el referéndum aunque no ha querido explicar cómo.