El PP promete abrir expediente a cualquier cargo que vaya a juicio oral

La comisión correspondiente terminó ayer las deliberaciones sobre la ponencia de estatutos, que absorbió 59 de las 408 enmiendas presentadas y cuyos ponentes , Alicia Sánchez-Camacho, Alberto Fabra e Ignacio Diego , consiguieron que ninguna quedara viva para el plenario de este sábado.

Varias de las enmiendas presentadas quedaron fuera incluso antes de llegar al congreso, puesto que proponían modificar partes de los estatutos no sujetas a cambios, algo prohibido en el Partido Popular. Una de ellas abogaba por la limitación a tres legislaturas de los mandatos de los cargos instituciones de la organización. La que pedía primarias ni siquiera se planteó en Sevilla.

Las leves modificaciones que se han incorporado inciden en el control del patrimonio y de las ganancias de cada uno de los cargos, y así el PP , gracias a su Código de Buenas Prácticas , exigirá a sus mandatarios que entreguen al partido una declaración con sus bienes efectuada en el momento de acceder a un cargo y otra para cuando lo abandone.

Se refuerza la petición de que durante el tiempo de gestión el cargo correspondiente se abstenga de incurrir en cualquier comportamiento que se pueda considerar ilegal o que pueda chocar con intereses privados.

La transparencia, el rigor y la ejemplaridad son el "leitmotiv" del nuevo régimen disciplinario del Partido Popular, en el que también se anuncia que cuando un dirigente de la organización se implique en un procedimiento judicial, se le abrirá un expediente informativo. Éste se convertirá en expediente disciplinario si ha de acudir por un juicio oral. No obstante, dicho expediente sólo se resolverá cuando haya sentencia o si se produce sobreseimiento.

Salen fortalecidos y mejor definidos los nuevos mecanismos para ser afiliados, incardinados en las nuevas tecnologías, y se pone negro sobre blanco una especie de manual de instrucciones para que cada sede del PP , sea autonómica, local o nacional, formalice contrataciones de servicios o eventos.

Con todo, se ha diluido al final la posibilidad de que la toma de determinadas decisiones, por ejemplo la elección del candidato a la Presidencia del Gobierno, se extienda a los ciudadanos, y así, al final, serán los afiliados los que permanezcan pendientes del día a día de los asuntos del partido. Aun y así, mediante los foros de participación y las comisiones de estudio el PP se abre en mayor medida a la oferta de la ciudadanía.

En la ponencia social otras cuestiones controvertidas las han solventado los autores y los compromisarios, así que el PP reafirma su "humanismo cristiano", su respeto a cualquier modo de organización familiar y su defensa de los derechos de los homosexuales.

También han abogado los populares por generalizar una enseñanza "equilibrada" en español y en el resto de lenguas cooficiales y por llevar al mercado, en régimen de alquiler con derecho a compra, viviendas en stock. No ha sido ésta una novedad económica del PP, pues en otra ponencia insiste en fijar sus principios y su adhesión a las reformas del Gobierno, en especial la laboral.

Incluso a las que están por llegar, como la fiscal, ya que el partido que lidera Mariano Rajoy repite su petición de elevar los mínimos familiares en el IRPF y la necesidad de mejorar el tratamiento fiscal de los beneficios empresariales, de manera que se reinviertan en el propio proyecto de la empresa.

El apoyo a los emprendedores a través de menos trabas para crear su negocio, la apuesta por la industria agroalimentaria y la potenciación de un modelo energético limpio y barato son otros de los ejes de la ponencia económica del PP.