Sin noticias desde 1978

Sin embargo, treinta años después, cada sistema ha tenido un devenir muy diferente. Y una cuota desigual de reformas. En España, éstas brillan por su ausencia frente al sistema germano. Mientras Alemania ha modificado en 52 ocasiones su Carta Magna entre 1949 y 2006, en España desde 1978 solo ha habido dos reformas , ambas espoleadas desde Bruselas: la aprobada en 1992 para adaptar la Constitución al Tratado de Maastricht y la fijación de un límite de gasto, aprobada el año pasado.

«A diferencia de Alemania, aquí tenemos miedo a tocar la Constitución», afirma Luis Martín, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, si bien recalca que el consenso es «imprescindible» para ello. Y la falta de acuerdo es el mayor impedimento para cambiar nada. José Ramón Montero, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, explica esta menor actividad reformista por la vocación de estabilidad de las instituciones nacionales, ante la incertidumbre que podría generar cualquier modificación.

«Modelos federales hay muchos, pero para nosotros el ejemplo más cercano es el alemán, que nos ofrece varios puntos de los que podemos aprender», afirma Francisco Sosa Wagner, eurodiputado de UPyD y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León.

Así, Alemania se perfila como principal influencia de las propuestas de reforma del sistema político de los partidos nacionales. UPyD y PSOE recogen en sus programas referencias al modelo teutón en cambios del sistema electoral, del Senado o del actual sistema autonómico.

El Senado es uno de los principales casos donde Alemania suele ser citada como modelo. El portavoz del PSOE en la cámara alta, Marcelino Iglesias, ya señaló hace unas semanas que el Senado español «tiene que hacer el mismo trabajo que el “Bundesrat” alemán». Y es que mientras en Alemania en torno al 30% de las leyes federales requieren el visto bueno de la cámara alta, en España el Senado aparece desprovisto de todo poder de decisión, con solo capacidad de veto real en el caso de las reformas constitucionales.

También varía el método de elección: en Alemania cada ejecutivo regional escoge a los representantes de su región en el Senado. De esta forma, cada land vota en bloque, independientemente del color político de los partidos que ocupen los escaños. «Frente al modelo alemán, en España, la cámara alta no tiene poder y la lógica de partidos impera frente a la territorial», denuncia Sosa Wagner.

Misión número uno: conseguir que el Senado sea una cámara territorial efectiva. Desde el Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya anunció hace unas semanas la reforma del Senado para convertirla en una cámara de primera lectura, con capacidad de veto en el techo de gasto de los Presupuestos, y en el que el procedimiento legislativo de áreas que afecten al Estado autonómico se inicie dentro del Senado.

El vicepresidente primero del Senado, el popular Juan José Lucas, apuntó al informe del Consejo de Estado de 2006 como una posible guía para la reforma que se pretende acometer. En dicho texto se proponía una reducción del número de senadores y que la elección de los mismos coincida con los comicios autonómicos, con tal de dotarle de un componente territorial mayor que el actual. También abogaba por el inicio de los trámites legislativos en campos que afecten al Estado de las Autonomías dentro de la cámara alta.

Según un estudio de 2010 elaborado por la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS), solo uno de cada tres españoles cree que el Estado de las autonomías funciona correctamente. En palabras de Sosa Wagner, UPyD defiende un federalismo como el germano, en el cual las competencias entre Estado y regiones estén clarificadas, lo cual «disminuiría las duplicidades entre administraciones existentes en la actualidad».

En Alemania, Educación y Seguridad son las dos áreas transferidas a los länder, mientras que otras como Hacienda o Sanidad son competencias centrales. José Ramón Montero, opina que una parte de este modelo sería «inviable» en España «por la mayor complejidad lingüística y cultural de nuestro país frente a Alemania».

Sin embargo, sí cree que podrían intentar implementarse ciertos puntos del llamado «federalismo cooperativo», que faciliten la colaboración entre comunidades autónomas, dándole más peso a las conferencias sectoriales —en la actualidad, órganos voluntarios— y a las de presidentes autonómicos. Desde la instauración en 2004 de las Conferencias de Presidentes por el Gobierno de Zapatero, solo ha habido cuatro reuniones de este tipo. Luis Martín recuerda que en Alemania, dichas reuniones están previstas por ley, lo que en España no ocurre. El informe del Consejo de Estado de 2006 también aboga por dar más importancia a las conferencias, en lugar de la implantación de un Senado inspirado en el Bundesrat.

«La mayor lacra del sistema político español se encuentra en que no hay instrumentos institucionalizados que aseguren la coordinación entre autonomías y Estado», lamenta Martín. A su juicio, es necesario asegurar una lealtad institucional que no dependa de la coyuntura o de los intereses de cada partido, sino que esté fijada por ley.

Tanto Montero como Martín coinciden en que la necesidad de revisión del modelo que supone la crisis y el hecho de que el PP gobierne en 11 de las 17 autonomías, facilita esta colaboración entre comunidades y Estado. Pero la cuestión, en palabras de Montero, es saber «qué ocurrirá cuando no exista esta coincidencia de color político». Hasta el momento, y como demuestra el casi inalterado texto aprobado en 1978, los acuerdos entre distintos partidos sobre las posibles modificaciones constitucionales escasean. Y con ello, las reformas.