El TS decide dejar en prisión incondicional a Junqueras, Forn y los «Jordis»

[ Lee completo el auto del juez Pablo Llarena (PDF) ]

Como adelantó ABC, para los otros seis exconsejeros de Cataluña que están en la cárcel, el juez ha acordado la prisión eludible bajo fianzas de 100.000 euros para cada uno de ellos. Una vez depositadas, el magistrado les ha impuesto comparecencias semanales en el TSJ de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, prohibición de abandonar el pais y retirada de pasaporte. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión.

El juez considera que no hay riesgo de fuga, pero aprecia riesgo de reiteración delictiva en el caso de las cuatro personas que mantiene en prisión. En relación con el de fuga, Llarena considera que la situación de los exconsellers y de los líderes de ANC y Omnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlament, porque cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.

Sin embargo, respecto a la reiteración delictiva, el magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlament, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los diez querellados , en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la «lesividad» que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones.

El juez individualiza las actuaciones de los querellados y, en el caso de Junqueras, Forn (bajo cuya responsabilidad estaban los Mossos) Sànchez y Cuixart, entiende que «sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella». En ese sentido, recuerda varias actuaciones violentas como el «asedio» por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consejería de Economía en Barcelona. En este procedimiento está imputado también el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional.

«El riesgo de reiteración de sus conductas -añade el magistrado- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela , a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física», señala.

En estos cuatro investigados, concluye Llarena, el riesgo de reiteración delictiva «refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad».

El peligro, según el juez, no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, «sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real».

Y es que como informó ABC, no valía cualquier declaración ni pasar el mero trámite de acatar un artículo (el 155) cuya aplicación ya es obvio que se ha llevado a cabo con la destitución de los que el viernes declararon ante el juez. A los exconsejeros de Puigdemont y los líderes de ANC y Ómnium Cultural se les pedía algo más: que ante Pablo Llarena, el juez que instruye en el Supremo la causa por rebelión, dieran una «respuesta inequívoca», una renuncia explícita a cualquier actividad política futura fuera del marco constitucional. Y no todos cumplieron con ese objetivo. Oriol Junqueras, desde luego, no lo hizo . Tampoco Raül Romeva, quien a día de hoy se sigue autoproclamando ministro de Exteriores, y que el viernes siguió los pasos de su jefe y tampoco respondió a la Fiscalía. Tan ambiguas fueron las respuestas de ambos que partes presentes en la declaración no son capaces de ponerse de acuerdo en las palabras que utilizaron para expresar el compromiso con las vías legales que les exigía el juez. Ambos ahondaron en el discurso de la paz y de la democracia, a la voz del «pueblo catalán» y aludieron al objetivo último de la independencia, pero no resultaron nada convincentes. Romeva, sin embargo, sí ha conseguido la libertad.

Tampoco los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart –solo el primero se presenta a las elecciones– resultaron creíbles. Aparentemente mostraron un compromiso con las vías legales, pero con una Constitución a la carta que permita su lectura de forma «amplia, progresista y extensiva». Como los anteriores, tampoco renunciaron al objetivo de la independencia, en manos de la ciudadanía, dijeron. A ello hay que sumar su papel de «dirección» en la movilización ciudadana que protagonizó el acoso a la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat.

Mucho más claras en sus respuestas fueron las dos exconsejeras mujeres que comparten celda en Alcalá Meco : Meritxell Borràs y Dolors Bassa. La declaración de la primera –que no concurre a los comicios del 21-D– se extendió más de una hora (la media de los demás fue de quince minutos). Ambas contestaron a todas las partes, incluso a la acusación popular que ejerce Vox. Borràs dijo que las vías unilaterales «no son positivas», y Bassa –cuya actitud personal pesó más que su discurso–, admitió la inconstitucionalidad de la separación de una parte del territorio español.

Mientras los exconsejeros Turull, Rull y Mundó también han conseguido salir de prisión, Forn se queda entre rejas por su especial responsabilidad, en calidad de consejero de Interior, sobre los Mossos.

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