Junqueras monta su primer acto electoral en el Supremo

El que fuera número dos del huido expresidente Puigdemont se diferenciaba así intencionadamente del resto de exconsejeros que declararon ayer ante el juez Pablo Llarena. Ellos también sostuvieron que no renuncian al «legítimo» objetivo de la independencia, pero sí se comprometieron a hacer política (todos ellos, menos Meritxell Borrás y el líder independentista Jordi Cuixart, se presentan a las elecciones) dentro de la legalidad. Aunque modularon sus respuestas como un guiño a su electorado, todos, también los «jordis», acabaron acatando, aunque con poco entusiasmo, el nuevo escenario en Cataluña. Todos ellos se comprometieron con el marco constitucional, aunque «cada uno a su manera» y «con diferentes matices o diferentes acepciones», señalaron fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios.

Con una línea de defensa claramente trazada para la ocasión, la declaración de los exconsejeros estuvo milimétricamente medida, tanto en sus palabras como en la decisión de contestar a todas las partes o solo a su defensa, como fue el caso de Junqueras o de Römeva. En el lado opuesto, Meritxell Borràs y Joaquim Forn (ambos del PdeCat) respondieron a todas las preguntas que les formularon; la primera, durante más de una hora, el segundo, durante unos veinte minutos.

Los ocho exconsellers y los líderes de ANC y Òmnium rechazaron el uso de la violencia (imprescindible, a juicio de la defensa, a la hora de apreciar la reiteración del delito de rebelión) y dos -Raúl Romeva y Carles Mundó- defendieron la vía escocesa para Cataluña. Los exconsejeros también asumieron el artículo 155 pero mostraron su disconformidad con su aplicación. «Desde el momento en que todos los miembros del Govern han decidido concurrir a unas elecciones es obvio que se está aceptando la situación creada por la aplicación», explicaría después de las declaraciones Jordi Pina, abogado de los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull y de Jordi Sánchez . A su juicio, aunque los imputados no mencionaron expresamente su renuncia a las vías unilaterales, «es voluntad de todos» los que se presentan a las elecciones que, si son elegidos, «actuarán dentro de los márgenes constitucionales y dentro de la legalidad vigente».

La única que reconoció errores en el referéndum del 1 de octubre fue Dolors Bassa, quien, a preguntas de la acusación popular ejercida por Vox, admitió la inconstitucionalidad de la separación de una parte del territorio en las circunstancias que se hizo.

En este sentido, los exconsejeros reconocieron que, sin perder de vista el horizonte de la independencia de Cataluña , tendrán que idear «otra estrategia», otra manera de negociar, de abrir «vías políticas». En concreto, el exconsejero de Interior Joaquim Forn insistió en que han revisado su «estrategia política» porque han entendido que había que hacer autocrítica.

Por su parte, los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -sorprendentemente más explícitos que otros en su compromiso con la Constitución-, señalaron que la Carta Magna es una norma «flexible» que se puede modificar para conseguir que se reconozca el derecho a decidir.

Pasadas las diez de la mañana, el exvicepresidente Junqueras había inaugurado el turno de declaraciones, que se prolongaron durante tres horas y media. Tras la asunción de la causa por parte del juez Llarena el pasado 24 de noviembre, los exconsejeros y los «Jordis» pidieron al magistrado la revisión de las medidas cautelares que les impuso la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. con la esperanza de que Llarena las matizara si se acogían a la «vía Forcadell», es decir, si reculaban y se comprometían a actuar dentro de la legalidad.

Para la Fiscalía del Tribunal Supremo las declaraciones de los exconsejeros y de los «jordis» no resultaron creíbles. Sus representantes (la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y Jaime Moreno) pidieron al juez que mantuviera la prisión incondicional de todos ellos por riesgo de fuga y riesgo que reiteren sus «gravísimas» conductas. Alertaron a Llarena de que los investigados forman parte de una «organización delictiva» en la que cada uno de los investigados ha tenido un papel importante. Y destacaron también que la hoja de ruta desarrollada tanto por la Generalitat como por los independentistas del Parlamento de Cataluña está marcada desde hace tiempo.

Habrá que esperar hasta el lunes para conocer la decisión del juez, tal y como él mismo anunció a las partes. Todo apunta a que el horizonte procesal de los exconsejeros y de los «jordis» se separará en este punto, de forma que con toda probabilidad algunos tendrán que hacer la campaña electoral entre rejas y otros podrán hacerla en la calle si depositan la fianza que el juez les imponga.

El abogado de Rull, Turull y Sánchez lamentó que la resolución de Llarena se haga esperar y tenga a los imputados «en vilo» hasta el lunes, si bien manifestó su confianza en que el magistrado instructor les imponga fianzas para que puedan salir de prisión.

Además de esgrimir los mencionados argumentos de aceptación del artículo 155 y la promesa de actuar siempre dentro del marco constitucional, Pina pidió a Llarena que tenga en cuenta que, salvo Borrás, los investigados son candidatos a las elecciones.

«Es una situación excepcional porque hablamos de una prisión provisional, y si hay unas elecciones democráticas, lo puede tener en cuenta el juez para que acudan en igualdad de condiciones y que los ciudadanos tengan también las mismas posibilidades de poder escuchar los argumentos políticos de los candidatos. Sería lo deseable», explicó.

Sin embargo, para la Fiscalía y la acusación popular la medida de prisión provisional está por encima del hecho de que los imputados vayan en listas electorales. Para el abogado de Vox , Javier Ortega, existe una «actividad delictiva constante y acreditada» por parte de los investigados y resaltó que le parece muy significativo su compromiso a acatar la Constitución «a partir de ahora», lo que implica que reconocen que antes no lo hacían.