La Audiencia Nacional restringe su actividad al servicio de guardia y las cuestiones inaplazables por el coronavirus

El acuerdo, adelantado por Europa Press, detalla en este sentido que en el caso de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, se atenderán supuestos como las autorizaciones de entradas sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes y recursos contencioso electorales.

En el caso de la Sala de lo Penal, se suspenden los juicios que sean de causas sin presos . De esta medida se exceptúan los juicios ya comenzados, algunos de los cuales se han prolongado durante meses y su suspensión podría dar lugar a nulidad es. Pero en estos casos , para minimizar los riesgos de contagio, podrán celebrarse desde las sedes judiciales de su lugar de residencia, siempre que ello resulte factible. Respecto de las causas con presos ya señaladas, se mantendrán sin perjuicio de que los presidentes de las secciones puedan acordar o interesar la suspensión en supuestos de imposibilidad de efectuar los traslados de los presos, peticiones de suspensión formuladas por las partes o cualquier circunstancia que im posibilite materialmente la celebración de los mismos.

La decisión se adopta después de la reunión de este jueves en la que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional revisó la situación a la luz de las recomendaciones de las Administraciones y del propio Consejo General del Poder Judicial ante la propagación del COVID-19. El acuerdo fue enlistar a través del juez Decano, todos aquellos procedimientos que al entender de sus responsables, debieran ser suspendidos en esta situación.

A resultas, Pedraz presentó un oficio en el que exponía la necesidad de paralizar las actuaciones judiciales programadas salvo las mencionadas urgentes, atendiendo a la «imperiosa necesidad por razones de salud pública de contener la expansión del contagio de la enfermedad» y la «singularidad» de la Comunidad de Madrid, cuyo índice de contagios supera notoriamente al del resto del país, «lo que aconseja con mayor intensidad extremar las precauciones a fin de frenar el progreso de la expansión de la infección».

En este contexto, puso sobre la mesa que si bien «los juzgados tienen a su disposición varias salas, el acceso a las mismas como al propio juzgado implica un trasiego continuo de personas, circunstancia que puede incidir en el riesgo de contagio a ciudadanos, profesionales, miembros de la oficina judicial y magistrados/as».

Asimismo, destacó que la Audiencia Nacional tiene jurisdicción sobre todo el territorio nacional, lo que implica desplazamientos desde otros puntos del país tanto de abogados como de afectados que puede suponer una mayor propagación. «De hecho, esta semana han sido frecuentes las llamadas de profesionales preguntando si se suspendían las vistas programadas, manifestando en muchos casos su temor a desplazarse a Madrid», decía el oficio de Pedraz.

En respuesta, la Presidencia suspende la actividad que no sea de guardia o urgencia atendiendo al «contexto espacial en el que se desarrollan las actividades judiciales cuya suspensión se solicita, en cuanto no permite íntegramente las condiciones físicas y preventivas establecidas por las autoridades sanitarias» para frenar el COVID-19.

Ya este viernes se ha producido la suspensión del juicio que se celebraba en la sede de San Fernando de Henares contra el presidente de Ausbanc , Luis Pineda, entre otros, ante la preocupación expresada por distintos letrados al tribunal y después de que una de las acusadas, la abogada de Manos Limpias Virginia Negrete, fuese eximida de acudir en tanto que perfil de riesgo de coronavirus. La gota que ha colmado el vaso ha sido la comunicación de otro de los acusados, el que fuera tesorero de Ausbanc Alfonso Solé, de que su pareja había dado positivo en el virus y aún así, él se había presentado a la vista oral, según informa Ep.