Los juzgados se preparan para el cierre por el coronavirus

Mientras los juzgados de Parla y Getafe han decidido directamente cerrar, en Plaza de Castilla, un acuerdo gubernativo de la juez decana, María Jesús del Barco, impide el acceso al público a las instalaciones salvo que acrediten documentalmente que acuden a la práctica de alguna diligencia procesal.

En el caso de abogados y procuradores les piden que «limiten su acceso a aquellas actuaciones que necesariamente deben realizarse en sede judicial». Fuentes jurídicas señalan que el juzgado de guardia tiene previsto limitar su actividad a «habeas corpus» y a levantamiento de cadáveres, y que no recogerá denuncias del ciudadano.

Según ha podido saber ABC de fuentes jurídicas, a los procuradores se les ha emplazado a que saquen todo el papel de los cajetines de la sala que ocupan en Plaza de Castilla y que hagan los trámites pertinentes vía Lexnet, una herramienta telemática que no requiere presencia física ni papel.

Un funcionario de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla de Madrid dio ayer positivo en coronavirus. Se trata del primer caso de contagio por el COVID-19 en los juzgados de la capital, lo que ha extendido el temor de los profesionales de la justicia no sólo por la oficina en la que trabajan sino por el paso diario de miles de ciudadanos.

Las cuatro asociaciones judiciales ven «irresponsable» dejar a la discrecionalidad de cada juez la suspensión de una vista para evitar la propagación del coronavirus y han instado al Consejo General del Poder Judicial a dar urgentemente una respuesta «coordinada y razonable» para todo el país.

En un comunicado conjunto, las asociaciones judiciales respondieron ayer a las directrices aprobadas por el CGPJ , que suponen, a su entender, «un elemento de distorsión y confusión a la hora de adoptar las medidas precisas en una situación de contención reforzada como la que sufre el país».

Si el CGPJ no ofrece de forma urgente una respuesta adecuada, los jueces advierten de que podrían verse «obligados» a recurrir al artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , que establece que un trabajador tiene derecho a «interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud».

Las asociaciones ven irresponsable que se deje en manos de los jueces la suspensión de un juicio o una vista porque carecen de elementos de juicio necesarios para tomar esa decisión y alertan también de que puede haber una «indeseable disparidad de criterios» en una misma sede judicial.

«Someter esa decisión a autorización del Tribunal Superior de Justicia y ratificación del CGPJ es del todo inviable en relación con los señalamientos de los próximos días y semanas», añaden.