La Audiencia Nacional sospecha que Granados obtuvo «pingües beneficios» en actividades inmobiliarias

El tribunal resuelve un recurso de Granados contra la decisión del magistrado Eloy Velasco , quien acordó prorrogar el encarcelamiento del antiguo consejero de la Comunidad de Madrid el pasado 5 de octubre al argumentar que dispone de fondos ocultos que le ayudaría a fugarse. La Sala de lo Penal da la razón al juez. Granados, quien fuera el número dos de Esperanza Aguirre , lleva en prisión desde el 31 de octubre de 2014, tras ser arrestado.

Los jueces recuerdan la gravedad de los delitos que la investigación atribuye al ex secretario general del PP madrileño (siempre en indicios) y asegura que se ha ido «paulatinamente concretando» el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas del cerebro de la Púnica. La razón fundamental que sostiene este riesgo es la acumulación de grandes sumas de dinero oculto por parte de Granados.

El auto de la Sala de lo Penal señala que esta circunstancia está avalada «ya sea por el hallazgo de casi un millón de euros en el domicilio de sus suegros, ya sea por la declaración de otros investigados o de testigos, o ya sea porque de lo investigado hay datos elocuentes acerca de la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros investigados, de la policía, de funcionarios, de su familia, de amigos, de testigos y de todo aquél que no siguiera sus directrices».

La defensa de Granados trató de convencer al tribunal en su recurso que el dinero hallado en Suiza, y del que las autoridades helvéticas informaron a la Fiscalía Anticorrupción , procedía de las ganancias que obtuvo cuando trabajó de analista en el Banco Societé General, antes de desembarcar en la política. Los magistrados responden que las autoridades suizas no aportaron tal explicación sobre los fondos.

El cerebro de la Púnica, una trama de corrupción local y regional , está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, prevaricación, corrupción entre particulares, delitos relativos al mercado y a los consumidores, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y asociación ilícita o participación en organización criminal.